Este 2025, el Colegio de la Abogacía de Lleida celebra 175 años de historia. Es un hito colectivo que nos interpela como sociedad, porque la justicia no es solo una estructura institucional, sino el fundamento sobre el que descansa la convivencia democrática. Lleida puede sentirse orgullosa de un colectivo que, a lo largo de casi dos siglos, ha sido sinónimo de dignidad profesional, compromiso social y defensa de los derechos fundamentales.
La abogacía leridana ha sido, históricamente, mucho más que un conjunto de despachos y togas. Ha sido la voz de quienes no la tenían, el paraguas de los más vulnerables, el contrapeso que recuerda que ningún poder —ni público ni privado— puede situarse por encima de la ley. Y esto solo es posible gracias a la dedicación, a menudo silenciosa, de todos los operadores jurídicos: abogados y abogadas, procuradores, funcionarios y trabajadores de la administración de justicia, miembros de los cuerpos técnicos, y los colegios profesionales que día tras día mantienen viva la llama del Estado de Derecho. A todos ellos, todo mi reconocimiento diario.
Sin embargo, esta celebración llega en un momento delicado. La justicia está colapsada. Los juzgados viven una situación de bloqueo estructural que ya no puede calificarse de coyuntural. Los retrasos en la tramitación de procedimientos civiles y penales son una realidad crónica que pone en riesgo el derecho a una tutela judicial efectiva. Cuando un procedimiento se alarga meses o años, la justicia deja de ser justicia para convertirse en una espera desesperante que genera frustración, desconfianza y alejamiento entre la ciudadanía.
Es urgente revertir esta situación. Hay que dotar a los juzgados de más personal, más medios materiales y más recursos tecnológicos. La digitalización de la justicia debe ser una realidad efectiva, no un propósito eternamente aplazado
En este contexto, es imprescindible poner en valor la labor de miles de profesionales que mantienen viva la justicia con un esfuerzo titánico. Pienso especialmente en los profesionales del turno de oficio, que representan cerca de la mitad de los profesionales colegiados en Lleida. Ellos son la primera línea de defensa del derecho a la igualdad ante la ley. Son quienes garantizan que nadie se quede sin defensa por falta de recursos. Sin embargo, su situación es insostenible: trabajan con retribuciones que no reflejan ni su responsabilidad ni el valor social de su trabajo.
Desde aquí quiero reivindicar una retribución justa y digna para los profesionales del turno de oficio.
La Generalitat de Catalunya tiene una responsabilidad directa en esta cuestión. Es necesario que apueste decididamente por la Administración de Justicia, con más inversiones, más personal y una mejor planificación territorial. No basta con discursos sobre modernización o descentralización; se necesita presupuesto, calendario y compromiso. La justicia es un servicio público esencial, e invertir en ella no es un gasto: es una inversión en confianza, seguridad y cohesión social.
Como leridanos, no podemos resignarnos a ser una provincia de segunda en materia de recursos judiciales. Tenemos una abogacía de primer nivel, unos colegios profesionales activos y comprometidos, y una ciudadanía que exige instituciones eficientes y cercanas
Celebrar 175 años de nuestro Colegio de la Abogacía es también una oportunidad para repensar el futuro. Para reivindicar una justicia más cercana, más humana y más rápida. Porque la lentitud no es neutral: perjudica siempre al más débil, y eso es contrario a la misma esencia del derecho.
Necesitamos una administración que sea capaz de escuchar a los profesionales y de integrar su experiencia en las políticas públicas. El diálogo con la abogacía y el resto de operadores jurídicos no es un lujo, es una condición imprescindible para hacer avanzar el sistema.
En definitiva, invertir en justicia es un deber de la administración y un derecho del ciudadano. Porque solo una justicia dotada de medios puede ser imparcial, y solo una justicia ágil puede ser efectiva. En Lleida, después de 175 años de compromiso colectivo, tenemos el deber de continuar esta historia con determinación, exigiendo lo que es justo: una justicia que funcione, al servicio de todos, sin excusas ni retrasos.