La Unión Europea ha pagado 53,5 millones de euros desde 2015 a un total de 309 funcionarios que ya no trabajan en las instituciones europeas. Los extrabajadores reciben 8.227 euros al mes de media, aunque algunos llegan a los 20.000 euros mensuales, según publica este lunes el diario 'Ara', después de haber hecho una petición de transparencia a los órganos comunitarios.
La institución que cuenta con más beneficiados es la Comisión Europea, que a lo largo de los últimos ocho años ha destinado 31 millones de euros a 174 empleados. A continuación aparece el Parlamento Europeo, con un gasto de 9,2 millones de euros para 58 funcionarios, mientras que el Consejo de la Unión Europea ha invertido 7,1 millones de euros en un total de 36 trabajadores.
El resto de instituciones que han efectuado pagos de este tipo son el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Centro de Traducción de la UE, la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Oficina Comunitaria de Variedades Digitales.
La mayor parte de los beneficiados -hasta 177- son asistentes, que desde 2015 han recibido 22,1 millones de euros y una media de 6.171 euros al mes. Los 132 trabajadores restantes son administradores, que han percibido 10.984 euros mensuales de media y han sumado un gasto total de 31,5 millones de euros a las instituciones.
Según han detallado fuentes comunitarias al diario, la figura con la que se bautiza esta beneficencia es la "de excedencia por interés de servicio". La UE niega que sea equiparable a una prejubilación. Se puede acoger personal que, como muy pronto, le queden cinco años para llegar a la edad de jubilación y que hayan prestado servicios a las instituciones europeas durante al menos diez años. Por otra parte, hay un límite de plazas reservadas -no puede ser superior al 5% de los funcionarios totales- y es el jefe de cada administración quien decide aquellas que se pueden aprovechar.
Las mismas fuentes comunitarias aseguran que el motivo principal por el que existe este colectivo es "la rápida implementación de las nuevas tecnologías" y las "dificultades" que tienen algunos funcionarios para "adaptarse a un entorno sin papel y totalmente digitalizado en un plazo oportuno adecuado".
Es decir, que cuando la institución cree que formar a un empleado con pocos años laborales en un entorno modernizado requiere "una inversión desproporcionada", opta por prescindir del trabajador pero manteniéndole el sueldo. Al mismo tiempo, se le sustituye por otro empleado con las competencias necesarias.
Si bien los funcionarios se encuentran en excedencia y se pueden reincorporar al puesto de trabajo, la información publicada por el Ara señala que esta situación no se ha dado nunca.