Netflix tendrá que devolver dinero a millones de usuarios después de que un tribunal italiano haya declarado ilegales y abusivas las subidas de precio aplicadas entre 2017 y 2024. La sentencia afecta el negocio de la plataforma en Italia, pero diversas entidades de defensa de los derechos de los consumidores de otros países como Alemania o España han presentado demandas similares. El hecho de que el tribunal italiano base su sentencia en la Directiva Europea 93/13/CEE hace prever que la justicia española y la alemana podrían seguir el mismo camino que la italiana.
La resolución judicial italiana considera que Netflix aplicó modificaciones unilaterales en las tarifas sin suficientes garantías para los usuarios, vulnerando la normativa de consumo. En concreto, el tribunal apunta que estas cláusulas son abusivas porque permitían cambiar el precio del servicio sin una justificación clara ni aceptación expresa del cliente.
El procedimiento de Netflix para subir los precios consistió, principalmente, en avisar a sus suscriptores que subían los precios para poder continuar ofreciendo productos de calidad y ampliando su catálogo. El problema que ve la justicia italiana —y la normativa europea—, es que la plataforma no daba a los suscriptores la opción de aceptar estos nuevos precios. Simplemente, les decía que, si no les gustaba la subida de precio, podían suspender el servicio, pero si no decían o hacían nada, se les aplicaría la nueva tarifa.
Este es el principal problema para Netflix. Según la normativa europea referenciada por el tribunal italiano, los suscriptores no dieron su aprobación formal a la subida de precios, sino que simplemente no suspendieron el servicio una vez que la plataforma anunció que subía, unilateralmente, los precios. Y este punto se considera abusivo.
Devoluciones de hasta 500 euros
A raíz de esta decisión, los afectados podrán reclamar la devolución de las cantidades pagadas de más, así como una reducción de la cuota actual y posibles indemnizaciones. En algunos casos, las compensaciones podrían llegar hasta los 500 euros, especialmente para los usuarios con suscripciones de larga duración.
La sentencia también obliga a Netflix a informar públicamente de los derechos de los consumidores, un paso que podría desencadenar una avalancha de reclamaciones.
Ante esto, Netflix podría tener que hacer frente a un reembolso de millones de euros a sus usuarios europeos, teniendo en cuenta que los usuarios premium han pasado de pagar 11,99 euros en 2017 a 19,99 euros en 2026, es decir, 8 euros más al mes. Para los suscriptores que tienen la plataforma desde 2017, Netflix les podría tener que devolver hasta 500 euros.
En cuanto a los usuarios estándar, han pasado de pagar 9,99 euros el año 2017 a pagar 13,99 euros en 2026, un aumento de 4 euros mensuales que podría traducirse en una compensación superior a los 250 euros.
España y Alemania, en una situación similar
El caso no es aislado. En España, la organización de consumidores FACUA ya denunció a Netflix en el año 2021 por subidas de precio unilaterales, considerando que no estaban justificadas contractualmente. Aunque el proceso no ha llegado todavía a una resolución como esta, el precedente judicial europeo refuerza las opciones de que prosperen reclamaciones similares.
En Alemania, por su parte, diversas autoridades y tribunales han analizado en los últimos años las cláusulas de modificación de precios en servicios digitales, con sentencias que en algunos casos han limitado este tipo de prácticas cuando no son transparentes o no cuentan con el consentimiento explícito del usuario. Y los Países Bajos también están a la espera de una resolución judicial por una demanda similar.
Un precedente con impacto europeo
La decisión supone un golpe importante al modelo de negocio de las plataformas de streaming, que han basado parte de su crecimiento en incrementos progresivos de precios. Netflix ya ha anunciado que recurrirá contra la sentencia, pero el precedente podría marcar un antes y un después.
Si la línea judicial se consolida en Europa, millones de usuarios —también en España— podrían acabar reclamando dinero por unas subidas que hasta ahora parecían inevitables.