El parlamento de esta isla del Océano Índico ha aprobado una ley que castigará con la castración química -y en determinados casos quirúrgica– a las personas condenadas por violar a un menor de edad.
La ley, propuesta por el gobierno de Andry Rajoelina, ya ha superado todos los trámites parlamentarios y está a la espera de que sea ratificada por el Alto Tribunal Constitucional. Esta polémica legislación, sin embargo, ha sido criticada por algunos grupos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, que considera este castigo como “cruel, inhumano y degradante”.
Desde el Departamento de Justicia malgache, la ministra Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa considera que es una “medida necesaria” ante el aumento de los casos de violación infantil.
El año pasado se registraron 600 casos de violación a menores en la isla, y durante este primer mes y medio de 2024 ya han detectado 133. A pesar de estos registros, se calcula que la cifra de agresiones sexuales a niños es bastante más alta porque hay muchas que no se denuncian, ya que suceden en el ámbito intrafamiliar.
En el caso de la castración química, se utilizan fármacos para rebajar el deseo sexual del paciente y suele ser reversible. Pero no la castración quirúrgica, que es un procedimiento radical y permanente, que consiste en extirpar los testículos del condenado. Si lo que se extirpa es el pene, junto con los testículos, hablaríamos de emasculación.
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