El Ayuntamiento de Aiguamúrcia ha aprobado, en sesión plenaria, la modificación del plan de ordenación urbanística municipal. Esta aprobación tiene que ver con la modificación que impulsó el anterior equipo de gobierno en 2014 y que había quedado pendiente de resolución. Ante la inacción del consistorio, la Comisión de Urbanismo resolvió cerrar el expediente, indicando las modificaciones que debían incluirse para levantar la paralización de la aprobación definitiva. Con la aprobación de la modificación del POUM se resuelven, así, las problemáticas con las que se encontraban algunas familias del municipio que esperaban una resolución final para poder justificar las obras que habían impulsado.
Por otra parte, también se ha dado cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2019 y del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad económica. El equipo de gobierno expresó que desde el inicio de la legislatura se ha reducido el gasto, que no se ha generado ninguna factura pendiente de aplicación y que no hay ningún decreto de intervención negativo.
Como punto de urgencia, ha entrado la petición de la exalcaldesa, Fina Bartolí, para que el Ayuntamiento asumiera el coste de defensa de la denuncia en la Oficina Antifraude de Cataluña que interpuso Tots Som Aiguamúrcia, entonces en la oposición, durante el anterior mandato, concretamente en 2016, por gastos injustificados, contrataciones irregulares y adjudicaciones de obras también irregulares. El pleno votó en contra de cubrir estos costes en caso de que la Oficina Antifraude reafirme la denuncia.
Durante el turno de ruegos y preguntas, el equipo de gobierno ha intervenido para explicar la denuncia de la oposición sobre el hecho de que el Ayuntamiento invierta en la mejora de una vivienda pública y en la que, actualmente, vive un familiar de la alcaldesa, Dolors Palma. La oposición expresa que se invertirán 12.000 euros en la mejora de dicha vivienda y que habría un trato de favor, pero el equipo de gobierno expresa que el piso es propiedad de la Generalitat de Catalunya y que el Ayuntamiento es el usufructuario, motivo por el cual tiene la responsabilidad de asumir los desperfectos estructurales que pueda presentar la vivienda: el mal estado de una viga ha hecho bajar el suelo del piso. La oposición también considera que se paga una cifra muy reducida de alquiler y el equipo de gobierno expresa que es el alquiler más alto que se cobra de todos los edificios públicos y se pregunta por qué durante las dos anteriores legislaturas en las que la actual oposición gobernaba no se actualizó el precio del alquiler.
