La CUP es consciente de la inquietud y el malestar de las vecinas, por eso la consejera Laia Estrada afirma que "hay que abordar con urgencia esta situación y como administración vamos vergonzosamente tarde", y lamenta que "el gobierno municipal esté rehuyendo las responsabilidades que le competen, dando vía libre a las proclamas populistas centradas en la vía policial". La CUP remarca la necesidad de intervenir de forma inmediata garantizando una vivienda digna para los jóvenes que malviven en la ciudad y, afrontar de manera integral un plan para mejorar sus vidas y acabar con los conflictos que se repiten por toda la ciudad.
Después de mantener una reunión con el gobierno, la CUP asegura que la hoja de ruta del gobierno es insuficiente e ineficaz. Por un lado, el plan piloto puesto en marcha por el gobierno de Ricomà que permitiría proveer de vivienda digna a jóvenes migrados sin referentes familiares no se culminará hasta finales de año, y por otro lado, éste tan sólo podría dar soluciones a la mitad del colectivo afectado. Por eso, la CUP reclama la necesidad de articular más estrategias y propondrá, tanto en la Junta de Portavoces de mañana como en forma de ruego al próximo Consejo Plenario, un trabajo conjunto con entidades sociales y la Generalitat para la adhesión al acuerdo marco para la adquisición de pisos provenientes del tanteo y retracto; una solución integral en colaboración con el resto de administraciones competentes en el ámbito de la salud, la vivienda, servicios sociales e inmigración; así como también dar respuestas habitacionales inmediatas de carácter temporal a las vecinas afectadas.
Según las anticapitalistas "reducir la intervención al ámbito policial en ningún caso soluciona el problema sino que acaban siendo medidas parciales y poco efectivas que acaban desplazando el conflicto a otros espacios de la ciudad". La consejera Eva Miguel ha manifestado que "hay que dar respuesta a corto plazo en materia de vivienda, pues no se puede permitir la condición de insalubridad y vulnerabilidad a la que están expuestas las vecinas de la ciudad, mientras no se implementen las medidas previstas a largo plazo".
Finalmente, la CUP celebra el compromiso que ha asumido el gobierno municipal para incluir en la próxima modificación de crédito una partida de 600.000€ para la rehabilitación de pisos vacíos para destinar a alquiler social. Se trata de uno de los acuerdos del gobierno de Ricomà con las cupaires para la aprobación de los presupuestos municipales de 2020, y supone una estrategia que, a la larga, permitirá poder aplicar multas a los propietarios, la mayoría bancos y grandes tenedores, por acumular pisos con carácter permanentemente desocupado. La CUP lamenta que después de un año de mandato no se haya materializado ni la redacción del reglamento para la identificación de pisos vacíos, el censo de éstos, ni la consiguiente puesta en marcha del plan de rehabilitación de éstos.