Ante el auto de la causa judicial contra IQOXE, la CUP de Tarragona ha emitido un comunicado reafirmándose "en lo que lleva denunciando desde el primer día del accidente: este no es un hecho aislado ni anecdótico, sino que es consecuencia de la falta de control ambiental, y la ausencia de fiscalización del cumplimiento de las medidas de seguridad y las condiciones laborales en las empresas de la petroquímica". Por ello, consideran que la explosión de IQOXE debe ser el punto de inflexión que acabe con la impunidad, la opacidad y la connivencia política con la petroquímica.
Para la CUP, el auto es "demoledor y evidencia que existe una responsabilidad compartida entre las empresas y la propia administración pública". "Los poderes públicos, lejos de cumplir con su obligación de velar por el bienestar de la población, permite y tolera la negligencia de las empresas cuando anteponen sus intereses en maximizar la producción y el rendimiento económico a costa de la seguridad de sus trabajadores, de la población, del territorio, y del cumplimiento de la ley", afirman.
"Se hace evidente, pues, que es necesario hacer cumplir la normativa y una reforma legislativa con el fin de generar una normativa más restrictiva en materia ambiental, laboral y de seguridad. Y lo que es igual de importante, es imprescindible aumentar los controles de la administración", dicen desde la CUP de Tarragona.
"Es indiscutible que el informe encargado por la propia empresa y que aseguraba que la explosión se debía a una "concatenación de circunstancias no detectables" es un ejercicio de cinismo que pone en cuestión todos los estudios que desde hace años hacen públicos las empresas y la propia AEQT", añaden.
Por último, la CUP exige al gobierno de Ricomà que el Ayuntamiento de Tarragona se persone como acusación particular en la causa y que no dilate más en el tiempo la materialización del estudio de la calidad del aire, empezando así a dar cumplimiento a los puntos de acuerdo de la Declaración Institucional del pasado 30 de enero.
