Un juzgado de Tarragona investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a su equipo por supuestamente crear una "red de influencias" que impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas a cambio de "importantes pagos" a la sociedad Equipo Económico (EE), de la cual fue socio fundador y presidente.
En el auto, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona atribuye a Montoro -que fue ministro de Hacienda del PP, entre 2000 y 2004 con José María Aznar, y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- y a una treintena de investigados los delitos de soborno, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
LA TRAMA DE MONTORO
Según el auto, la investigación, que comenzó en 2018, ha revelado que, hasta en dos ocasiones, empresas gasísticas contrataron a Equipo Económico para que hiciera uso de su "red de influencias" con el fin de que se llevaran a cabo reformas legislativas de acuerdo con sus pretensiones, como por ejemplo para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
El juez apunta a la existencia de una organización "en la que muchos de los intervinientes habrían ejercido altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuya finalidad última sería la obtención de un lucro económico".
"Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, a fin de que éstas se desarrollen de acuerdo con los intereses de sus clientes, que con anterioridad y a pesar de haberlo intentado, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada."
REFORMAS LEGISLATIVAS A MEDIDA
El juez considera que Montoro, que fue consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008 y ministro de Hacienda los años en que se tramitaron las normas, hizo supuestamente "uso de las potestades" que le correspondían en la iniciativa legislativa de su ministerio, "lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE".
"El uso de estas potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de diferentes sectores reformas que beneficiaran sus intereses económicos, en detrimento del sector público", apunta el juez.
El auto detalla además que Montoro nombró entre sus altos cargos "personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyectos de reglamentos se redactaran 'a demanda' de las mercantiles investigadas, después de aceptar aquéllas pagar por ello".
¿QUÉ ALTOS CARGOS SON INVESTIGADOS?
En la causa, que el juez había mantenido en secreto hasta ahora, están investigados varios altos cargos del ministerio encabezado por Montoro, como el entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, la subsecretaria de estado de presupuestos, Pilar Platero, el subsecretario de Hacienda, Felipe Martínez, y el director general de Tributos, Diego Martín-Abril.
También están investigadas las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) -Air Liquide, Abello, Messer, Praxair (Nipon Gases), Sociedad Española de Carburos Metálicos-, que, según el juez, "habrían aceptado abonar" a Equipo Económico "el precio solicitado".
El juez detalla que AFGIM y las empresas que lo conforman acudieron sin éxito a varias consultorías para conseguir una legislación favorable, ya que se encontraron con la negativa de la administración a introducir las reformas que pretendían.
Ante esto, han acudido a Equipo Económico, que "sin causa aparente", ha conseguido que las reformas legislativas se desarrollaran "atendiendo las peticiones de AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos".
El juez detalla que desde 2013 algunas empresas del sector gasístico intentaron sin éxito conseguir una modificación legislativa para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, optando por vías como una enmienda presentada por el grupo parlamentario del PP o dirigiendo una carta al secretario de Estado de Hacienda.
Según el juez, las investigaciones han puesto de manifiesto que los pagos que AFGIM hizo supuestamente a EE tenían como objetivo "permitir el acceso al Ministro de Hacienda y al Secretario de Estado de Hacienda" para aprobar una "modificación ad hoc" que beneficiara exclusivamente a las gasísticas y dejara fuera a otros sectores.
AGIM también consiguió a través de Equipo Económico una modificación legislativa en 2018 para obtener una rebaja fiscal a las gasísticas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que el sector había intentado sin éxito y que culminó favorablemente "sólo con la intervención de EE, mediante pago".