La cabeza de lista del Partido Popular por Tarragona a las elecciones al Parlamento, Inma Rodríguez, ha visitado la localidad de Cambrils este martes, donde ha denunciado la proliferación de la ocupación en la provincia: "Cataluña tiene un gravísimo problema con los okupas. Y es triple: por un lado, Cataluña es la Comunidad con mayor incidencia de ocupación de España; los otros dos problemas se llaman Govern de la Generalitat y Gobierno sanchista, que con sus leyes han convertido Tarragona, Cataluña y España en el paraíso de la ocupación". En la visita, la candidata por Tarragona ha estado acompañada por el secretario general provincial del PP, José Luis Martín, el vicesecretario de organización en la provincia, Josep Acero y el concejal del PP en Cambrils David Paul Chatelain.
"En Cataluña se produce casi el 50% de las ocupaciones ilegales de España" ha destacado Inma Rodríguez. "La cifra es suficientemente demoledora -ha continuado- como para entender la dimensión de un problema que afecta, no sólo a grandes propietarios o entidades bancarias como nos quieren hacer creer los gobiernos de Cataluña y España, sino a pequeños propietarios que con su esfuerzo y trabajo han conseguido tener una segunda vivienda o incluso a gente que ha visto su primera vivienda ocupada mientras hacía una reforma o se iba de vacaciones".
La candidata ha querido incidir en el hecho de que esta problemática no es ajena a los ciudadanos de Tarragona: "Aunque Barcelona lidera este vergonzoso ranking, Tarragona le sigue los pasos". "A día de hoy -ha señalado-, Tarragona está entre las cinco provincias con mayor índice de ocupación de España". También ha destacado que no es lejano en el tiempo: "Entre enero y junio del año pasado, a pesar del confinamiento, en el Camp de Tarragona se produjeron 954 ocupaciones".
"El aumento significativo se ha dado especialmente en la costa, en localidades como Cambrils, donde personas que han trabajado duro para obtener una segunda vivienda, ven como el fruto de sus esfuerzos es "recompensado" por dos gobiernos que deciden apoyar a quien se ha apoderado ilegalmente de su vivienda", ha explicado Rodríguez Moranta.
"El Govern de la Generalitat, con la aberrante ley que hemos recurrido al Constitucional, y el Gobierno de Sánchez, con el decreto recientemente aprobado que protege al okupa y no al propietario, dan la espalda una vez más a los problemas de gente vulnerable", ha denunciado la candidata, y ha añadido que "que ambos se han entregado a la extrema izquierda, que les marca la dirección en materia de vivienda".
"La vivienda, no lo olvidemos, es un derecho. Sin embargo, Govern catalán y Gobierno español pretenden garantizarlo vulnerando un derecho natural fundamental como es el de la propiedad". Además, defiende que las administraciones "no pueden descargar en los propietarios los problemas del acceso a la vivienda. Con su abandono de funciones para garantizar el acceso a una vivienda digna están vulnerando el derecho fundamental a la propiedad de miles de familias trabajadoras. Con esto se ha creado una situación de inseguridad jurídica que ha retirado muchos pisos del mercado de alquiler y encarecido aún más los precios".
Sobre el acceso a la vivienda ha expuesto la postura del Partido Popular: "Nos comprometemos a impulsar desde la administración políticas realmente eficaces para facilitar el acceso a la vivienda, que no pasan ni por la limitación de precios, que reduce el mercado y a medio plazo acaba subiendo los precios, ni mucho menos por cargar a los propietarios el problema facilitando la ocupación". "Lo que proponemos es ampliar el parque de viviendas; garantizar la seguridad jurídica, ya que -ha insistido- la situación de inseguridad actual frena la oferta de alquiler y sube su precio; y ayudas eficaces al alquiler para jóvenes, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid".
EXPULSAR AL OKUPA EN 24 HORAS
Para acabar con el problema de la ocupación, Inma Rodríguez no duda: "Nos comprometemos a expulsar en 24 horas a los okupas que asaltan viviendas que no son suyas; apoyaremos para que las comunidades de propietarios puedan presentar denuncias cuando un piso de la comunidad sea ocupado y subvencionaremos la instalación de planchas metálicas antiocupaciones; impediremos que los ayuntamientos puedan empadronar en una vivienda a quienes no vivan de forma legal, es decir, mediante un contrato de alquiler o de propiedad; e instaremos al Estado a expulsar a los okupas que residan ilegalmente para que no puedan volver a delinquir y ocupar".
