La diputada del PSC en el Parlament de Catalunya, Rosa Mª Ibarra, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Ramos, han exigido la recuperación de la Ley de Barrios al gobierno de la Generalitat. Según Ibarra, desde 2003 hasta 2010, los gobiernos de progreso, con el PSC al frente, llevaron a cabo 45 intervenciones en diferentes ciudades y pueblos del Camp de Tarragona. Ramos ha destacado como modelo de éxito la Rambla de Ponent, para los y las socialistas el arreglo de la vía más importante del barrio de Campclar es un claro ejemplo de cómo la Ley de Barrios ha transformado este barrio tarraconense.
La portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona ha explicado cómo el entorno de la calle Riu Segre ha sido testigo de uno de los crecimientos socioeconómicos y urbanísticos más importantes en la ciudad en la última década. En esta zona de la ciudad han crecido comercios locales, nuevas viviendas y se ha convertido en una de las zonas de paseo más concurridas de los barrios de Ponent, junto con la Anella Mediterrània. "La Ley de Barrios merece ser recuperada, porque es un modelo exitoso de transformación social y económica", afirma Ramos.
La diputada socialista ha asegurado que si el PSC vuelve al gobierno de Cataluña, invertirá 250 millones de euros al año en la Ley de Barrios y una de las principales iniciativas que se llevará a cabo será la rehabilitación de 50.000 viviendas. Durante los años vigentes de esta ley (2004-2010), se llegó a invertir 1.330 millones y se realizó en toda Cataluña más de 150 actuaciones, de las cuales 45 se produjeron en la demarcación de Tarragona. Para Ibarra, la no utilización de esta ley por parte de los gobiernos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra han supuesto "el abandono de los barrios por parte de la Generalitat".
"La recuperación de la Ley de Barrios se convertirá en una herramienta básica para hacer posibles la reactivación económica y la reconstrucción social postcovid en nuestros pueblos y ciudades, con programas sociales específicos" afirma la diputada socialista. El despliegue de las nuevas convocatorias de la Ley de Barrios contará con programas de financiación coordinados con los ayuntamientos y apostará por la participación activa de los vecinos y vecinas, que participarán en el diseño de las actuaciones a impulsar en el territorio. Sobre el terreno estarán las Oficinas de Barrio, que se encargarán de liderar el proceso de transformación, la agilización de los trámites y la cooperación con las comunidades de propietarios.
