Comuns–Front Ampli exige un protocolo de atención a los usuarios del tren y autobuses alternativos hasta las Terres de l'Ebre cuando no se cumplan los servicios mínimos

Ester Roca y Lluís Mijoler reclaman un dispositivo inmediato a la Generalitat, Renfe y Adif después del colapso ferroviario del martes en Tarragona.

18 de noviembre de 2026 a las 19:00h

Comuns – Front Ampli ha exigido este miércoles a la Generalitat, Renfe y Adif un protocolo de atención y protección de las personas usuarias del ferrocarril ante las cancelaciones, las incidencias y las jornadas de huelga. La candidata al Congreso por Tarragona, Ester Roca, y el diputado de los Comuns en el Parlament, Lluís Mijoler, han reclamado medidas inmediatas tras el colapso ferroviario del martes, que dejó Tarragona prácticamente incomunicada durante horas y evidenció la falta de transporte alternativo hacia las Terres de l’Ebre. La formación exige un dispositivo específico para el corredor sur antes de la huelga prevista para el 23 de noviembre.

Según el informe elaborado por Transporta’m con datos de Renfe, 14 de los 35 trenes previstos en los servicios mínimos de los regionales no circularon y cinco más acabaron el trayecto antes de la destinación prevista. En la R15 se cancelaron ocho de los catorce servicios mínimos y en la R16, cinco de los doce. En la R2 Sud, solo 35 de los 75 trenes programados completaron el recorrido. Los regionales que circularon acumularon un retraso medio de 53 minutos.

Para Ester Roca, estas cifras evidencian que «el problema no es solo que los trenes no funcionen, sino que cuando fallan dejamos a las personas completamente desprotegidas. Cuando la Generalitat no reacciona, Renfe no organiza el servicio, Adif no garantiza el buen funcionamiento de la infraestructura o el personal ejerce el derecho de huelga, quien acaba pagando las consecuencias es siempre la misma gente. Y esto no lo podemos normalizar».

 

Ninguna persona abandonada en la estación o a medio trayecto

La formación considera que las administraciones deben situar la atención y el cuidado de las personas en el centro de la gestión ferroviaria. Reclama que cualquier interrupción importante active automáticamente un protocolo de atención presencial, con personal suficiente en las estaciones, información actualizada, asistencia a personas con movilidad reducida o necesidades especiales, justificantes de los retrasos y alternativas de transporte efectivas. También pide garantizar agua, espacios de espera adecuados y asistencia básica cuando las interrupciones se prolonguen durante horas.

Lluís Mijoler ha señalado que «la Generalitat no puede limitarse a exigir responsabilidades a Renfe; Renfe no puede trasladarlas a los trabajadores y Adif no puede quedar al margen de sus obligaciones». Cada uno tiene sus competencias, pero todos comparten una responsabilidad: garantizar que las personas puedan llegar a su destino y que, cuando esto no sea posible, sean atendidas con dignidad».

El diputado de los Comuns ha defendido que «un servicio público también se mide por cómo trata a las personas cuando las cosas van mal». No podemos exigir a la ciudadanía que confíe en el ferrocarril y después dejarla sola ante una pantalla que anuncia una cancelación».


Autobuses alternativos hasta las Terres de l’Ebre

Roca ha puesto especial énfasis en la falta de alternativas al sur de Tarragona. El martes, el primer tren procedente de Barcelona no llegó a Tarragona hasta las 15.22 horas y el primer servicio hacia el sur no salió hasta las 11.40 horas.

La candidata ha reclamado un sistema estable de Bus Rodalies que cubra todo el trayecto afectado, sin dejar descubiertas las poblaciones situadas más allá de Mont-roig del Camp. La propuesta debe garantizar conexiones hacia L’Hospitalet de l’Infant, l’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Aldea, Tortosa y Ulldecona, con plazas suficientes, horarios accesibles y validez del mismo billete ferroviario.

«No es aceptable que una persona pueda llegar en autobús hasta Mont-roig y después tenga que buscarse la vida para continuar hacia las Terres de l’Ebre. Un servicio público no acaba cuando se agota la capacidad de respuesta de la Administración, sino cuando la persona llega a su destino», ha afirmado Roca.

 

Defender el derecho de huelga y garantizar la movilidad

Comuns–Front Ampli ha expresado su respeto al derecho de huelga y ha reconocido las reivindicaciones de los profesionales ferroviarios en materia de seguridad, mantenimiento y condiciones laborales. Sin embargo, considera que los servicios mínimos establecidos deben garantizarse y que las administraciones deben tener preparadas alternativas ante incumplimientos o incidencias.

Mijoler ha remarcado que «no podemos convertir a los viajeros en rehenes de un conflicto que no han provocado, pero tampoco enfrentarlos con unos trabajadores que reclaman más seguridad». La seguridad de los profesionales y la de los pasajeros son dos caras del mismo derecho a un ferrocarril público que funcione».

 

Un plan de contingencia inmediato e inversiones verificables

 

Ante la nueva huelga anunciada para el 23 de noviembre, la formación reclama que Generalitat, Renfe y Adif presenten un dispositivo coordinado que establezca los transportes sustitutorios, los puntos de atención, los responsables operativos y los canales de información a los usuarios.

Paralelamente, Comuns–Front Ampli exige un plan de choque para la R15, la R16 y el conjunto de los regionales del sur, con más mantenimiento preventivo, refuerzo de plantillas, nuevos trenes y un calendario público de inversiones. También reclama acelerar las actuaciones en los túneles del Garraf, la cuadruplicación de vías entre Castelldefels y El Prat, el despliegue del ERTMS y la mejora del nudo ferroviario de Vila-seca.

Finalmente, Ester Roca ha reivindicado que «el verdadero indicador del éxito ferroviario no son las inauguraciones ni los millones anunciados, sino que las personas lleguen al trabajo, a los estudios o al médico a la hora prevista». La gente no necesita más excusas ni disputas entre administraciones. Necesita trenes que funcionen e instituciones que la cuiden cuando no funcionan».

La formación ha reclamado que las administraciones asuman responsabilidades, hagan públicos los resultados de las medidas adoptadas y garanticen que ningún territorio quede sin alternativa de movilidad.

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