El Ayuntamiento de Tarragona ha recurrido el archivo de la causa penal del caso Jaume I, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de un aparcamiento subterráneo. La polémica comenzó hace dos décadas por un parking que debía costar 3,9 MEUR, que de momento ha costado 30 y que nunca ha entrado en funcionamiento.
Lo que debía ser un gran aparcamiento inteligente en la ciudad podría convertirse en un parking subterráneo convencional. Desde el Ayuntamiento se está replanteando el espacio porque, tal y como están ahora las instalaciones, no se les puede dar ningún tipo de uso para los ciudadanos. "Es una de las posibilidades más maduras en este momento y con la que ya tenemos un proyecto formado", ha remarcado Jordi Fortuny, el consejero de Servicios Centrales del Ayuntamiento de Tarragona. De momento, se ha dicho que el consistorio podrá hacer uso de las instalaciones pronto, pero no inmediatamente, y que la puesta en marcha de este proyecto aún puede tardar meses.
El juzgado de instrucción número 3 de Tarragona ha dictado un auto de sobreseimiento de la causa. El consistorio reclama que se practique una prueba "sustancial, que es el recorrido del dinero, por si ha habido malversación", ha explicado Fortuny. Relacionado con la cuestión hay también abierto un proceso mercantil que se encuentra en un juzgado de Madrid.
El magistrado Vicente José Martínez decretó en un auto del 10 de febrero el sobreseimiento provisional de la causa. Asimismo, rechazó la práctica de la "prueba pericial contable" propuesta por el Ayuntamiento de Tarragona -que actúa como acusación particular- al considerar que ya se hizo un informe por parte de un auditor "que tardó más de tres años en realizar". Asimismo, el magistrado pone de manifiesto que el fiscal no la pidió. El magistrado reconoce "que ha existido un sobrecoste en la ejecución de una obra que, al final, se ha revelado como inútil", pero que este aspecto ya se analizó años atrás y que, por tanto, la propuesta del consistorio es "no pertinente por inútil".
Sin embargo, Fortuny ha valorado que mantienen "la esperanza". "Defendemos los intereses de los ciudadanos", ha añadido. En caso de que el magistrado rechace este último recurso del ayuntamiento, la causa quedará archivada una vez haya prescrito el presunto delito de malversación que comenzó a investigar a finales de 2008 a raíz de la denuncia presentada por la Plataforma Veu Ciutadana.
Causa mercantil
En paralelo a la causa penal, en noviembre del año pasado se inició la causa mercantil en el juzgado de primera instancia de Madrid, que continúa en marcha. La denuncia la puso la empresa pública Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) contra dos empresas financieras -Metropolitan y Banc Santander- por "peritajes y facturas" que se habrían pagado dos veces. Según las cuentas del consistorio, tan solo habría productos por valor de 831.000 euros cuando se llegaron a pagar hasta 5 MEUR.
Con todo, Fortuny ha explicado que el equipo de gobierno apuesta por abrir de una vez el espacio y que acabe siendo un parking. "A nivel de ingeniería hay una propuesta hecha y actualizada", con el "sistema de financiación diseñado". Sin embargo, se ha mostrado prudente sobre cuándo podría entrar en funcionamiento y ha afirmado que no se planteará definitivamente hasta que la causa mercantil se haya resuelto.