La Diputación de Tarragona ha puesto en marcha este martes un nuevo servicio de asistencia urbanística dirigido a los ayuntamientos de la demarcación, con especial atención a los municipios con menos recursos. Esta iniciativa se ha hecho efectiva mediante la firma de un convenio con la Associació Catalana de Municipis (ACM), la Fundació d’Impuls del Territori (FMIT), las otras tres diputaciones catalanas —Barcelona, Girona y Lleida— y el Conselh Generau d’Aran.
El acuerdo tiene como objetivo proporcionar apoyo técnico y jurídico especializado en uno de los ámbitos más complejos de la gestión municipal, marcado por una normativa cada vez más exigente y por la falta generalizada de personal cualificado. El nuevo servicio quiere contribuir a agilizar las tramitaciones urbanísticas, mejorar la calidad y reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones municipales, poniendo a disposición de los ayuntamientos equipos de expertos que complementen los servicios técnicos locales.
Según la Diputación de Tarragona, “establecer alianzas es una premisa básica de la Diputación de Tarragona, y este convenio es una buena muestra de cómo la colaboración entre administraciones y entidades deviene clave para avanzar en un mejor servicio para la ciudadanía, para la cual trabajamos y a la cual nos debemos. Y en este caso, estamos hablando de una materia, el urbanismo, sumamente estratégica para los municipios”, ha explicado la presidenta Noemí Llauradó.
Por su parte, Meritxell Budó, presidenta de la ACM, ha subrayado que el servicio “responde a una necesidad real del mundo local” y ha añadido que “el urbanismo es clave para el desarrollo equilibrado del territorio, pero también es un ámbito especialmente complejo para los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños”.
La importancia del proyecto se refuerza con declaraciones de representantes de otras diputaciones. Miquel Noguer, presidente de la Diputación de Girona, ha señalado que “en la demarcación de Girona, más de la mitad de municipios [127 de los 221] tienen menos de 1.000 habitantes. Son ayuntamientos con recursos técnicos y humanos limitados, y que deben afrontar las mismas exigencias normativas, los mismos procedimientos complejos y el mismo nivel de responsabilidad jurídica que cualquier gran ciudad. Este nuevo servicio permitirá hacer seguimiento de las necesidades reales de los municipios, detectar dificultades y avanzar soluciones”.
Joan Talarn, presidente de la Diputación de Lleida, ha destacado que “este acuerdo también envía un mensaje potente como país: que las diputaciones, la ACM y la FMIT sabemos trabajar juntas, sumando capacidades y evitando duplicidades, con un único objetivo compartido: fortalecer el mundo local y equilibrar el territorio”. Y ha añadido que “hoy damos un paso adelante en defensa del municipalismo y del país entero. Y lo damos desde la colaboración, que es, sin duda, la mejor política”.
Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona, ha añadido que “resulta del todo necesario que los gobiernos locales sean capaces de ofrecer respuestas urbanísticas y de vivienda que satisfagan las demandas de la ciudadanía y garanticen el bienestar y la calidad de vida de las personas”, y ha resaltado que “la visión territorial que hemos alcanzado a lo largo de los años permite que nuestro apoyo y nuestra colaboración aporten un valor añadido a los gobiernos locales en el momento de tomar decisiones urbanísticas satisfactorias”.
Además de la asistencia directa, la ACM, a través de la FMIT, impulsará un plan de formación específica en urbanismo destinado a cargos electos y personal técnico municipal. El objetivo es mejorar el conocimiento del marco normativo, difundir las buenas prácticas en planeamiento y gestión urbanística, combatir la denominada “burocracia defensiva” y dotar a los ayuntamientos de más herramientas para tomar decisiones con seguridad jurídica.
El convenio firmado se enmarca en una estrategia más amplia de refuerzo del urbanismo local, que combina formación especializada con apoyo técnico continuo. De esta manera, se busca reducir el embudo administrativo, aportar criterios y refuerzo profesional y consolidar un modelo de cooperación institucional en el que la Generalitat, las diputaciones, el Conselh Generau d’Aran y el mundo local comparten responsabilidades y recursos para garantizar un urbanismo más ágil, eficiente y adaptado a las necesidades reales del territorio.
