La polémica operación de rescate de un cadáver en el litoral de Vila-seca ha dado el salto a la política estatal. El caso, marcado por una actuación accidentada y llena de interrogantes, ha llegado al Congreso de los Diputados después de que ERC haya registrado una batería de preguntas para aclarar qué falló.
Los diputados de ERC, Jordi Salvador y Francesc-Marc Álvaro, han puesto el foco en la intervención de la Guardia Civil durante el dispositivo de recuperación del cuerpo, que según las informaciones disponibles se habría hecho sin esperar a los equipos especializados de buceadores de los Mossos d’Esquadra.
Estos equipos son los que habitualmente asumen este tipo de operaciones, ya que disponen de los recursos técnicos y protocolos específicos para garantizar su seguridad y eficacia.
Un rescate precipitado y con consecuencias
Según los detalles que han trascendido, las autoridades iniciaron la búsqueda de un hombre que había desaparecido frente a la costa de Vila-seca después de que algún testigo alertara que la víctima había accedido al mar con un kayak cargado con pesos. Este detalle hacía pensar que el hombre buscaba su muerte voluntaria, motivo por el cual se inició una búsqueda en la zona.
El kayak fue localizado poco después y, a unos 3,5 metros de profundidad en la misma zona, encontraron el cadáver del hombre, que se habría atado con una cuerda a la embarcación. El problema se produjo antes de que llegaran los recursos especializados de los Mossos con la Unidad Subacuática y la Policía Marítima, cuando la Guardia Civil llegó al lugar, asumió la investigación y cortó la cuerda que unía el cuerpo a la embarcación sin avisar a la policía catalana.
A raíz de este hecho, las autoridades perdieron de vista el punto donde sabían que estaba el cadáver y se tuvo que iniciar una nueva búsqueda para localizarlo y proceder a su extracción.
Este episodio ha generado perplejidad y ha abierto dudas sobre si se siguieron correctamente los protocolos establecidos en este tipo de actuaciones sensibles. Ante esta situación, ERC denuncia una “falta de coordinación” entre cuerpos de seguridad que podría haber comprometido no solo el operativo, sino también aspectos clave en casos de este tipo.
En este sentido, los republicanos han preguntado al gobierno español si considera que esta actuación podría haber afectado “la correcta preservación de pruebas o la cadena de custodia”, especialmente en un caso con posible relevancia judicial.