Siguiendo las recomendaciones de la ATM del Camp de Tarragona y de la Generalitat de Catalunya, la Empresa Municipal de Transportes de Tarragona amplía el tiempo de restricción temporal de acceso para los patinetes eléctricos y otros vehículos VMP dentro de los autobuses municipales de Tarragona hasta el próximo 31 de octubre.
La ATM del Camp de Tarragona, siguiendo un criterio de prudencia y en paralelo a las instrucciones de la Generalitat y acuerdos de la ATM de Barcelona, recomendó una restricción temporal de acceso de los patinetes eléctricos u otros vehículos de movilidad personal a los servicios de transporte público de viajeros desde el 1 de febrero y durante un período de 6 meses, que finaliza el próximo 31 de agosto de 2023.
Durante este tiempo, se ha creado un grupo de trabajo formado por varios agentes que intervienen en el sistema de transporte y en materia de seguridad como operadores, bomberos, salud, protección civil, seguridad industrial, etc., que está trabajando para adoptar unas conclusiones que permitan determinar las condiciones de uso y acceso con seguridad a los servicios de transporte público de este tipo de vehículos.
A la espera de las conclusiones del grupo de trabajo, la ATM del Camp de Tarragona recomienda a los operadores de transporte público prorrogar la restricción temporal de acceso de los patinetes y otros VMP a los servicios de transporte público de viajeros hasta el próximo 31 de octubre.
Cabe recordar que las condiciones generales de utilización del transporte público no permiten el acceso a los vehículos de transporte de elementos que pueden comportar peligro o sean potencialmente peligrosos para los usuarios, el personal que trabaja en el servicio de transporte público o bien que puedan comportar daños a los vehículos y las instalaciones. Dados los antecedentes y a la espera de las conclusiones que ayuden a tomar una decisión definitiva, no se puede descartar en esta categoría el patinete eléctrico y debe prevalecer para los operadores el principio de seguridad preventiva para la protección de los usuarios y trabajadores de los servicios públicos de transporte.