El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publica este viernes una resolución de modificación de las bases del concurso para la obtención de las autorizaciones para la instalación y explotación de un casino de juego del Centro Recreativo y Turístico (CRT) de Vila-seca y Salou (Tarragona), el nuevo BCN World. El Gobierno ha variado los requerimientos de información relacionados con la propuesta arquitectónica, teniendo en cuenta la gran dimensión del proyecto y su impacto en el territorio. Además, "la singularidad del modelo de negocio" previsto lo dotan de un elevado nivel de complejidad, que aconseja "una implantación gradual y temporalmente escalonada", según describe el texto publicado en el DOGC. A partir de aquí, el Gobierno exige a los inversores más información sobre la integración de las parcelas desocupadas o no edificadas. Con el nuevo plazo de tres meses adicionales, las ofertas tienen un nuevo tope, el 30 de junio de este año.
La resolución recoge una serie de recomendaciones hechas por el Incasòl, que tiene una opción de compra vigente sobre los terrenos. Así, uno de los cambios introducidos establece la ampliación en tres meses del plazo para que los inversores interesados presenten las ofertas con las nuevas documentaciones requeridas. El plazo de presentación de las solicitudes por parte de los operadores admitidos por la resolución ECO/2633/2014, de 24 de diciembre, se inició el 31 de diciembre de 2016, el día después de la publicación en el DOGC de la aprobación definitiva del Plan Director Urbanístico (PDU) para la reordenación del CRT. Esto quería decir que los proyectos debían depositarse como máximo con fecha de 31 de marzo de 2017. Con el nuevo plazo de tres meses adicionales las ofertas tienen un nuevo tope, el 30 de junio de este año. Documentación técnica suficiente Los inversores deberán acreditar en sus propuestas arquitectónicas "cuál será el tratamiento y uso de los espacios de la zona-CTI no ocupados en las primeras fases de la edificación", y deberán añadir "propuestas de integración en cuanto a la urbanización y al ámbito paisajístico con todo el entorno de la zona-CTI desocupada temporalmente", remarca el texto del diario oficial. Esto quiere decir que, como esta construcción en etapas hace prever que las parcelas no serán ocupadas ni edificadas en una única y primera fase, los inversores deberán presentar al Gobierno unas propuestas arquitectónicas que contemplen qué se hará en todo el entorno de la zona privada desocupada de forma temporal. Las bases publicadas ahora incorporan "la documentación técnica suficiente" consistente en una propuesta de criterios paisajísticos, ambientales y de urbanización básicos que garanticen que los terrenos que no se utilicen en una primera fase se mantengan en un buen estado de conservación, tal como fija la ley. De hecho, el informe técnico elaborado por el Incasòl recuerda que la normativa urbanística vigente establece que uno de los deberes básicos de los propietarios del suelo es el de la conservación de los terrenos de su propiedad. Descripción de los aspectos cualitativos Es por esta razón que la documentación con la oferta tramitada por los solicitantes admitidos deberá contener la descripción del tratamiento tanto de la superficie como del perímetro, para garantizar una integración paisajística de la parcela no ocupada en cada una de las etapas o fases, según indica la nueva redacción de las bases. Esta descripción, continúa, deberá tramitarse en forma de paneles o cualquier otro tipo de soporte material o audiovisual que permita explicar la propuesta arquitectónica en ella misma, así como los aspectos cualitativos sobre el suelo que no se urbanice en las fases iniciales. Modificación de carácter sustancial En la resolución publicada en el DOGC se justifica la modificación del primer plazo en seis meses, por el hecho de que el nuevo requisito de información supone una modificación "de carácter sustancial" sobre la documentación obligatoria a entregar por parte de los operadores, circunstancia prevista en la base 7.4 del anexo de dicha resolución. De este modo, se proporciona a los solicitantes admitidos el tiempo necesario para que puedan elaborar las propuestas "en tiempo y forma, y con garantías de calidad y solvencia económica, jurídica y técnica".
