En este sentido se manifestaba el alcalde de Salou, Pere Granados, diciendo que el acuerdo tomado por los representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Vila-seca en la Junta del Consorcio del CRT, "de intentar incrementar la percepción de tributos de Salou en el ámbito del CRT, no tiene ningún recorrido, pero ha abierto un nuevo escenario".
El alcalde lamentaba que la Generalitat hubiera sometido a aprobación un incremento de los ingresos fiscales de Vila-seca provenientes del ámbito urbanístico del Hard Rock, "incumpliendo uno de los acuerdos más claros como es el de la distribución de los impuestos generados por el CRT que viene regulada por el artículo 52 de los Estatutos". Según este artículo, cualquier instalación nueva dentro del CRT que sobrepase aquello que preveía la Ley 2/89 sobre Centros Recreativos y Turísticos, como es el caso del complejo turístico de Hard Rock, los rendimientos tributarios que se deriven, se asignarán a razón de aquello que se implante en cada municipio.
En esta situación generada el alcalde pide "coherencia, compromiso, respeto y cumplimiento estricto de los acuerdos tomados por los plenarios de los ayuntamientos de Salou y de Vila-seca en 2013 y las obligaciones que se derivan; porque si no respetamos los Estatutos aprobados entramos en un escenario irresponsable que sólo provoca inseguridad jurídica y poca credibilidad para los inversores". En este sentido lamenta que la presidencia del Consorcio (Generalitat) haya roto la imparcialidad que se le esperaba, y que esto debería hacer reconsiderar su continuidad al frente del órgano.
El alcalde advertía con contundencia, que el Consorcio "es un órgano de carácter voluntario", dejando claro que "la delegación de las competencias fiscales se podrían revocar, porque, como dice la ley, no es una entidad territorial; y entonces cada municipio recibiría aquellos ingresos que le corresponden, a razón de su territorio".
