Rosa Peral ha declarado este miércoles en el juzgado de instrucción número 5 de Tarragona investigada por un delito de alzamiento de bienes. Peral ha justificado ante la jueza el cambio de nombre de su parte de la casa de Vilanova i la Geltrú porque ha dicho que no podía pagar la hipoteca.
Ahora se conoce, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona consultadas por la ACN, que Rosa Peral habría cobrado el sueldo básico como funcionaria hasta que el Supremo ratificó la sentencia.
Cuando un funcionario es investigado, detenido o encarcelado preventivamente se le puede suspender cautelarmente de sueldo y trabajo durante un tiempo. Pero las medidas cautelares no son indefinidas, y entonces pasa a cobrar el sueldo base de funcionario, sin complementos de destino, escala o antigüedad, entre otros.
No obstante, cuando la sentencia es firme e incluye la inhabilitación, es expulsado del funcionariado y deja de percibir cualquier salario público, como ha acabado sucediendo con Peral.
