El alcalde de Reus, Carles Pellicer, y la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, han comparecido este lunes, 30 de enero en rueda de prensa para valorar como “inasumibles para una administración pública” las condiciones que el Arzobispado de Tarragona propone sobre el futuro del Centre Catòlic; condiciones que afectan al derecho a la libertad de expresión, la fórmula jurídica y duración de la cesión del equipamiento, la gratuidad o la disponibilidad de los espacios.
La propuesta del Arzobispado modifica sustancialmente el acuerdo entre el Ayuntamiento de Reus, la Diputación de Tarragona y la parroquia Prioral de Sant Pere Apòstol de Reus, propietaria del edificio, siempre en negociaciones con el prior y en contacto por su parte con los servicios jurídicos y de patrimonio del Arzobispado.
El acuerdo para impulsar la rehabilitación del edificio y el mantenimiento de la actividad cultural y social que se llevaba a cabo se presentó públicamente el día 14 de noviembre, y fijaba una inversión cerca de 3 millones de euros y una cesión gratuita del uso del espacio al Ayuntamiento por un plazo de 99 años.
Durante la rueda de prensa, Ayuntamiento y Diputación han manifestado que “únicamente sería posible retomar las conversaciones en caso de que la negociación regrese a los términos que planteaba la propuesta de acuerdo inicial, trabajada y consensuada entre las diferentes partes implicadas y que daba respuesta a las necesidades del espacio, a los problemas estructurales del edificio y se planteaba en términos de interés público”.
Condiciones inasumibles
Términos éticos
La propuesta del Arzobispado considera la absoluta necesidad de insertar una cláusula de estilo dentro del contrato, a los efectos de evitar manifestaciones y expresiones contrarias a la moral cristiana en unos espacios que seguirán siendo el ‘Centre catòlic de Reus’.
Ayuntamiento y Diputación consideran que “la cláusula de estilo es una frontera ética que un Ayuntamiento no puede ni debe traspasar y que rompería con nuestra obligación de actuar en beneficio de toda la ciudadanía y con los valores públicos de la actividad.”
Términos jurídicos y económicos
La propuesta del Arzobispado dice, textualmente: “Estaríamos de acuerdo en llegar a 50 años pero en otro formato. No podemos hacer una negociación más allá de 50 años en las condiciones planteadas”.
Asimismo, en relación a la retribución de la cesión, dice: “Propondríamos la constitución de un comodato del edificio que, por su propia naturaleza, es gratuito durante un período de 25 años. Pasado este inicial período de 25 años y vencido el plazo del Comodato, y de forma consecutiva y pre-signada, entraría en vigor el siguiente tramo de la relación contractual que podría estar representada por un derecho de superficie o alquiler por otro período de 25 años más”.
Ayuntamiento y Diputación consideran que el plazo inicial propuesto de 25 años no se ajustaría al plazo de amortización de las inversiones que requiere el edificio según su estado actual, hecho que reafirma el carácter lucrativo para el titular del inmueble. Asimismo, consideran que no se puede pagar un alquiler por un edificio que ya se ha pagado asumiendo una rehabilitación de 3 millones de euros. Se estaría pagando dos veces por lo mismo.
Términos de gestión de los espacios
La propuesta del Arzobispado dice, textualmente: “El Arzobispado debe disponer de una planta entera del edificio. No se considera viable compatibilizar la convivencia de entidades con actividades tan diferentes en un espacio.
Tampoco se considera aceptable hipotecar durante un período tan extraordinario un uso tan limitado de las instalaciones ante un posible incremento de las necesidades de espacios por parte de la Parroquia de Sant Pere o en general, por la iglesia.
Se propone que la segunda planta sea de uso exclusivo para el Arzobispado y la planta baja y primera para el Ayuntamiento. El mantenimiento de todo el edificio sería del Ayuntamiento. La adecuación básica de la segunda planta sería del Ayuntamiento, la adecuación definitiva para el uso de los espacios correspondería a la Prioral”.
Igualmente, afirma que “el Centre Catòlic de Reus no es el Teatre Bravium y, por tanto, se debe seguir llamando Centre Catòlic de Reus. Dentro del Centre Catòlic, por supuesto, puede desarrollar su actividad el Teatre Bravium o las entidades que el Ayuntamiento determine, pero el espacio seguirá denominándose Centre Catòlic de Reus”.
Ayuntamiento y Diputación responden que como administración pública no se puede aceptar realizar esta inversión y a la vez reservar una planta entera para el Arzobispado.
