La Residencia de Reus tendrá que dejar el edificio actual mientras se realizan obras de reforma porque presenta “problemas estructurales” que hacen que la intervención no se pueda llevar a cabo sin riesgo para los residentes, según ha informado el Departamento de Derechos Sociales. Este lunes se ha informado a las familias y a los trabajadores sobre los informes técnicos que explican la necesidad de este traslado temporal.
Departamento y plantilla coinciden en que hay que priorizar que el máximo número de residentes estén juntos y que puedan elegir dónde ir. Derechos Sociales ha reiterado el compromiso de mantener la residencia pública “con todos los puestos de trabajo” y de encontrar una solución definitiva sobre la nueva ubicación antes de acabar el año.
Las problemáticas estructurales que presenta el edificio son sobre todo de tres tipos: legionelosis, riesgo de incendio y riesgo estructural. Aunque ningún residente se ha infectado y que se sigue un tratamiento con cloro bajo control de Salud Pública, las cañerías están afectadas por legionelosis y sería necesario cambiar toda la fontanería para poder eliminarla.
En segundo lugar, para cumplir la normativa de incendio sería necesario hacer entre otros un hueco para el ascensor que afectaría a todas las plantas. Y en tercer lugar, las fachadas, de hormigón, están afectadas por la humedad y el paso del tiempo y, aunque se han realizado actuaciones puntuales con la instalación de mallas, sería necesaria una solución más definitiva.
Derechos Sociales añade que al ser un edificio viejo, tampoco se cumple con la normativa de accesibilidad, ni con la distribución de espacios propia de una residencia “del siglo XXI”. También sería necesario mejorar los aislamientos.
Por lo tanto, será necesario un traslado temporal del servicio y el departamento baraja diversas opciones, “priorizando que residentes y trabajadores vayan lo más juntos posible y respetando las preferencias de los usuarios”.
Opciones para el traslado temporal
Una de las posibilidades es alquilar las instalaciones de una residencia nueva y vacía que hay en Reus mismo. El Departamento está negociando con la propiedad, pero admite que es una negociación “compleja” y que hay que prever otros escenarios.
Otra posibilidad es el traslado a la residencia pública de la Mercè de Tarragona, a unas habitaciones que están por estrenar, y a la residencia municipal Horts de Miró de Reus. Entre uno y otro centro cabrían el 90% de los residentes y el resto se ubicarían en plazas públicas de otras residencias del mismo Reus o de los alrededores. Un 15% de los usuarios, informa Derechos Sociales, han manifestado de manera informal la preferencia por esta última opción.
También se había explorado la posibilidad del antiguo hospital de Reus, pero se ha descartado por la complejidad de las obras de adaptación necesarias.
A partir de ahora se constituirá un período negociador con los trabajadores y una comisión mixta entre el Departamento de Derechos Sociales y el Ayuntamiento de Reus para encontrar la solución definitiva. También se empezarán a recoger de manera formal las preferencias de residentes y familias para el traslado temporal del centro.
Los traslados de los residentes, que se harán en grupos pequeños y de manera gradual, empezarían la segunda quincena de enero y durarán “el tiempo necesario” para hacerlos con la máxima garantía para el bienestar de los residentes. Se mantendrá un equipo de información y seguimiento de la residencia de ancianos de Reus para familias y profesionales, que se prolongará más allá del traslado del centro.
En cuanto a la ubicación definitiva de la residencia, se hará pública antes de que acabe el año. Derechos Sociales subraya que, por lo tanto, cuando se empiecen a hacer traslados, ya se conocerá.
Una de las opciones sería la rehabilitación del edificio actual, pero es propiedad del Instituto de la Seguridad Social y, por lo tanto, “el estado español tendría que entrar en la negociación”. Otra posibilidad sería construir un centro de nueva planta en Reus, posibilidad que ya se está estudiando con el Ayuntamiento por las posibles parcelas y afectaciones urbanísticas.
