Los trabajadores y los familiares de los usuarios de la Residencia de Personas Mayores de Reus exigen que se detenga el cierre del equipamiento hasta que no llegue el informe técnico que lo justifique.
Así lo han anunciado este viernes los sindicatos CCOO, UGT e IAC-CATAC en medio de una concentración ante los servicios territoriales de Derechos Sociales en Tarragona y donde han participado una treintena de personas. También se han sumado representantes de la CUP y de ECP.
La diputada Laia Estrada ha lamentado que ninguno de los partidos políticos presentes en la reunión de este jueves en el Parlamento “haya visto el informe técnico que supuestamente acredita la decisión del cierre” y, a pesar de todo, “ya se hayan iniciado los pasos para reubicar a los residentes”.
La portavoz del comité territorial de Derechos Sociales de IAC-CATAC en Tarragona, Carmen Mesas, ha valorado positivamente la reunión que los sindicatos tuvieron este jueves con los diferentes partidos políticos con representación en el Parlamento, a excepción de PP y Vox. De hecho, ha afirmado que representantes de ERC habrían admitido que “las cosas no se han hecho del todo bien”, ya que desde el Gobierno “vinieron a dar explicaciones, sin tener todas las respuestas encima de la mesa”.
“Nos dicen que se debe cerrar el equipamiento, pero sin decirnos por qué se debe hacer ni la urgencia que tienen de hacerlo”, ha criticado Mesas, quien ha lamentado que, de momento, “todo se basa en supuestos de un informe técnico fantasma que habla de un posible deterioro”. La portavoz de IAC-CATAC ha exigido que se les diga la verdad y que no les engañen. “Queremos respuestas, queremos saber qué harán con los trabajadores y con los usuarios”, ha detallado.
Mesas también ha pedido al Gobierno que deje de “presionar a las familias”. Según ha asegurado, el departamento ya les estaría preguntando en qué residencia quieren reubicar a sus familiares. “Esto lo deben parar, las familias están muy angustiadas”, ha añadido Mesas, quien ha lamentado que el departamento de Derechos Sociales haya “tirado por derecho”, a pesar de no tener el informe que acredite las deficiencias estructurales del equipamiento.
Por su parte, la concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Reus, Mónica Pàmies, ha asegurado que ningún técnico ha ido a la residencia de ancianos para poder hacer “el informe con el que el Gobierno se basa para cerrar el equipamiento”. Además, Pàmies ha afirmado que en la última inspección que se hizo en el edificio en el año 2022 “no constaba ningún problema estructural”. “O hay negligencia porque las inspecciones no se hacían bien o el Gobierno se está excusando en un informe que no está hecho para cerrar un servicio público necesario en la ciudad y en el conjunto del territorio”, ha denunciado.
La única residencia 100% pública del Baix Camp
La diputada de la CUP en el Parlamento, Laia Estrada, ha tildado la situación de “irresponsable” y “escandalosa”, ya que “se quiere cerrar la única residencia 100% pública en Reus y en el Baix Camp y una de las pocas que hay en el conjunto del país”. Estrada también ha denunciado que el cierre de la Residencia de Personas Mayores de Reus no se acompañe de un proyecto alternativo que vele por mantener las plazas públicas actuales. Desde la CUP han subrayado que aunque se reubiquen los usuarios en otros equipamientos, una vez esta ochentena de personas ya no estén, las plazas se perderán.
“En un momento de déficit de plazas públicas, el cierre sin alternativa también afecta al conjunto de personas que se encuentran en lista de espera”, ha añadido Estrada. La diputada ha recordado que, además de la pérdida de puestos de trabajo que podría desencadenar el cierre de la residencia, “se perderán unas plazas públicas que afectará al conjunto de las comarcas tarraconenses”. “Lo que está pasando es realmente grave”, ha finalizado.
A la espera del informe técnico
Fuentes del departamento han asegurado a la ACN que continúan trabajando para encontrar la mejor solución y que las tres propuestas —construir una nueva residencia, aprovechar un edificio ya existente o, en último término, rehabilitar el actual equipamiento— continúan encima de la mesa. Mantienen que las negociaciones y las reuniones con las diferentes partes implicadas continúan vigentes y que la voluntad es no perder ninguna plaza pública ni ningún puesto de trabajo. De momento, desde Derechos Sociales quedan a la espera de que les llegue el último informe técnico que corrobore las deficiencias estructurales del edificio.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Reus también han afirmado que están a la espera de recibir este informe para saber hacia dónde deben ir encaminadas las soluciones. Sin embargo, han asegurado que el consistorio ya ha facilitado varias propuestas al departamento, más allá de la restauración del equipamiento actual.
