El Ayuntamiento de Reus y la Generalitat de Cataluña inician este mes una campaña de inspección de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores con el objetivo de destinarlas a alquiler social. La campaña se enmarca en el convenio firmado entre la concejala de Economía, Conocimiento y Vivienda, Teresa Pallarès; y el director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Jaume Fornt, que prevé la inspección de 40 viviendas en Reus en un plazo de 6 meses.
Teresa Pallarès, concejala de Economía, Conocimiento y Viviendas afirma que: "El Ayuntamiento de Reus está decidido a intervenir en el mercado inmobiliario mediante la detección y movilización de viviendas vacías, con el objetivo de fomentar y garantizar su función social, desincentivar que estén desocupadas y, llegado el caso, penalizar su uso antisocial. La voluntad es incidir de forma clara para preservar la función social de la propiedad de la vivienda en las situaciones en que no se cumple la ley."
La Agencia de la Vivienda de Cataluña cofinanciará los costes de la inspección de las 40 viviendas vacías, con una dotación de 12.000 euros; mientras que el Ayuntamiento aportará el personal necesario y llevará a cabo las inspecciones.
Una vez realizadas las inspecciones, por parte del Ayuntamiento se iniciarán los expedientes correspondientes, y se concertará con la Agencia la manera de obtener las viviendas para ser destinadas a políticas sociales, a través de las fórmulas previstas por la ley.
Las inspecciones se concentrarán en viviendas propiedad de entidades financieras y grandes empresas, que acumulan un importante número de viviendas presuntamente vacías, dada su responsabilidad y el hecho de encontrarse en una posición singular y diferente de la de propietarios menores.
Se priorizarán las inspecciones de aquellas viviendas que figuren en el Registro de Viviendas Vacías y Ocupadas (RHBO), del catastro municipal, y tengan un expediente sancionador.
El plan de trabajo previsto en la campaña de inspecciones prevé las actuaciones previas para la detección, comprobación e inspección, las medidas de fomento de la ocupación y expedientes de procedimiento sancionador.
