La falta de atención continuada a los ictus graves en el Camp de Tarragona ha vuelto al centro del debate político y sanitario. Tanto la sociedad civil como los grupos municipales reclaman poner fin a un agravio territorial que obliga a trasladar pacientes a Barcelona fuera de horario, con riesgos clínicos evidentes.
En este contexto, dos iniciativas diferentes, pero alineadas —una impulsada por la Plataforma per la Sanitat Pública del Camp de Tarragona y la otra por el grupo municipal de Junts per Catalunya— llegarán al Pleno del Ayuntamiento con un mismo objetivo: garantizar la trombectomía mecánica las 24 horas del día en el Hospital Universitari Joan XXIII.
La Plataforma per la Sanitat Pública reclama un pla executiu urgent
La Plataforma ha presentado una moción en el Pleno municipal para instar al Departamento de Salud, al CatSalut y al ICS a desplegar con carácter inmediato la trombectomía mecánica 24/7 en el Joan XXIII, centro de referencia del Camp de Tarragona. El texto parte de un principio clave: en un ictus, cada minuto cuenta. Se trata de una de las principales causas de mortalidad y de discapacidad adquirida, y el tiempo de respuesta es determinante.
Los datos expuestos son contundentes: en 2024 se registraron 700 activaciones del Código Ictus en la demarcación, con más de 400 ingresos en la Unidad de Ictus. Cuando el ictus isquémico grave se produce fuera del horario actual de trombectomía, los pacientes deben ser derivados a hospitales de Barcelona, lo que introduce demoras que reducen las posibilidades de recuperación e incrementan el riesgo de secuelas.
La Plataforma denuncia que esta situación constituye un agravio territorial y recuerda que el Síndic de Greuges ha anunciado una actuación de oficio para analizar el servicio de atención a los ictus en Tarragona. Ante los argumentos cambiantes para justificar la no-apertura 24/7 —volumen de casos, falta de profesionales o requisitos de experiencia—, la moción defiende que la solución pasa por la planificación y la dotación de recursos, no por perpetuar la desigualdad.
El texto reclama un plan ejecutivo con calendario, estabilización de plantillas, formación acreditada y organización de guardias, así como medidas de salud laboral para los profesionales. También exige transparencia con la publicación trimestral de indicadores del Código Ictus y una interlocución institucional estable para hacer seguimiento del despliegue. Finalmente, pide una reunión formal en un plazo máximo de 30 días con todas las partes implicadas.
Junts lleva al Pleno la denuncia de “ciudadanos de segunda” en sanidad
En paralelo, el grupo municipal de Junts per Catalunya presentará una moción propia, elaborada conjuntamente con el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, para reclamar justicia sanitaria para los más de 800.000 habitantes del Camp de Tarragona, las Terres de l’Ebre y el Penedès.
El portavoz del grupo, Jordi Sendra, ha sido taxativo: “Cada minuto cuenta. Cada hora perdida es una oportunidad de recuperación que se va. Si tienes un ictus a las 20 horas, te tienes que ir a Barcelona, y en el tiempo del traslado las secuelas pueden ser irreversibles”. Junts denuncia una desigualdad territorial “inadmisible”, recordando que Girona dispone de trombectomía mecánica 24 horas mientras que Tarragona solo la puede ofrecer 12 horas en días laborables.
Según datos de 2024, uno de cada cuatro pacientes con ictus grave del Camp de Tarragona tuvo que ser trasladado a Barcelona. A pesar de disponer de infraestructura y profesionales cualificados, el Joan XXIII no puede garantizar el servicio fuera de la franja laboral. “Esto no es una cuestión de recursos escasos, los recursos existen. Lo que falta es voluntad política”, ha afirmado Sendra.
La moción de Junts propone cinco ejes clave: acceso continuado a la trombectomía, refuerzo del Joan XXIII como centro de referencia, alianzas estables con hospitales de tercer nivel, un modelo de red territorial coordinada y un sistema de monitorización con indicadores de resultados clínicos.
Un clamor compartido en el Pleno
A pesar de provenir de ámbitos diferentes, las dos iniciativas coinciden en el diagnóstico y en la urgencia de la solución. Todas las partes ponen el foco en la misma idea: la salud no puede depender del código postal. Ahora, el debate llegará al Pleno municipal, con la mirada puesta en la respuesta del Govern y en si Tarragona puede dejar de ser una excepción negativa en la atención a los ictus en Cataluña.