El PP de Tarragona rechaza que los ciudadanos tengan que pagar el coste total de la gestión de residuos

14 de noviembre de 2024 a las 12:01h
Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 16:04h

El Partido Popular de Tarragona rechaza la obligación de establecer una tasa de residuos que traslada el coste de la gestión a los vecinos y vecinas de la ciudad. El grupo municipal ha instado al Gobierno de España a respetar la autonomía local de los ayuntamientos a través de una moción en el pleno de este viernes. Los populares han recordado que el próximo 10 de abril entrará en vigor la tasa que obliga a la ciudadanía a pagar el 100% del coste de la recogida y del tratamiento de residuos.

La portavoz Maria Mercè Martorell ha destacado que el Ayuntamiento de Tarragona ha aumentado ya la tasa de la basura un 40%, un 12% el gobierno de Viñuales y un 28% el gobierno Ricomà. La consellera ha apuntado que hay ayuntamientos como el de Madrid que están compensando el incremento de la tasa de la basura con el del IBI. "Aquí en vez de ayudar a los vecinos y vecinas se continúa con una fiscalidad altísima", ha indicado Martorell. Además, ha explicado que no es una excusa que la tasa sea por obligación de Europa. "No sirve de excusa que viene obligado por Europa, porque la Directiva no obliga, pero sí señala los objetivos para reducir, reutilizar y reciclar los residuos municipales", ha subrayado Martorell.

La nueva normativa supone una clara invasión de las competencias locales de los ayuntamientos porque impide explícitamente que se pueda aliviar la carga fiscal de la ciudadanía con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal. "Al final, como siempre, el gran perjudicado es la ciudadanía, es un asalto directo a los bolsillos de los ciudadanos", ha manifestado la portavoz.

En la moción que defenderá el Grupo Municipal del PP durante el pleno de este viernes también se pide la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, que ayude a los municipios en la construcción de infraestructuras para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y reciclaje y que la Generalitat negocie con el Estado una alternativa al incremento de costes por la derogación de los cánones ecológicos,entre otros.

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