El Partido Popular ha propuesto una política de Estado para poner fin a la inmigración irregular y que combine la humanidad y la justicia. La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Tarragona, Maria Mercè Martorell, defenderá una moción en el pleno para rechazar la actual regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En una rueda de prensa este lunes por la mañana en el consistorio tarraconense, Martorell ha explicado que el partido está a favor de la inmigración, pero potenciando que sea legal, ordenada y humana. “Es muy importante para nuestro país y para nuestra ciudad, estamos a favor de la inmigración, con reglas claras y verificables y con un control de fronteras y un retorno ordenado, que es precisamente lo que ignora la regularización de Sánchez”, ha manifestado Martorell. “El partido socialista lo ha utilizado como una cortina de humo para ocultar sus problemas de presunta corrupción y Vox para imponer un discurso que exige expulsar y juzgar al colectivo: nosotros exigimos para integrar y evaluamos a las personas con criterios objetivos y verificables”.
Los populares han recordado que la regularización está afectando a los ayuntamientos, porque se ha trasladado la responsabilidad y la presión asistencial a los ayuntamientos y a las entidades sociales, a pesar de que son competencias propias del Gobierno de España. “El Real decreto en vigor carece de un mecanismo de control necesario y vulnera los principios europeos en materia migratoria y contraviene los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y no ha pasado por el control del parlamento, porque el Gobierno sabe que no recibiría el apoyo mayoritario”, ha expresado la consejera.
El grupo municipal defenderá la moción en el próximo pleno del 15 de mayo para mostrar su rechazo a la regularización masiva impulsada por Sánchez. “Se está premiando a aquellos que han entrado o han permanecido en España incumpliendo la ley, mientras que otros miles esperan para regularizar su situación. El mensaje que se está dando es que en España la irregularidad acaba teniendo recompensa, esto desincentiva la inmigración legal y ordenada, erosiona la credibilidad del sistema y mina el principio básico de cualquier Estado de derecho, que es el cumplimiento de la ley”, ha concluido Martorell.
