El Partido Popular ha manifestado su oposición frontal a la decisión del gobierno del Consejo Comarcal del Baix Camp de ampliar la estructura política con un nuevo cargo de confianza, que supondría un gasto anual de 42.000 euros más cotizaciones sociales. Los populares han votado en contra de esta propuesta, argumentando que esta decisión prioriza el incremento de los costes políticos por encima de la resolución de los problemas laborales internos.
En palabras del portavoz popular, David Chatelain, "No podemos aceptar que haya dinero y prisas para crear un nuevo cargo de confianza mientras continúan pendientes los problemas de los trabajadores del mismo Consejo".
Carencias en el presupuesto general
Esta prioridad política se añade a las graves dudas que el PP ha expresado sobre el presupuesto general, presentado cuando ya se encuentra más de medio ejercicio avanzado. Según los populares, este documento contiene numerosos errores, contradicciones y falta información esencial.
Entre las cuestiones más preocupantes destacan la falta de justificación clara de algunas previsiones y especialmente las incertidumbres respecto a la financiación de las obligaciones laborales relacionadas con SECOMSA, empresa comarcal con efectos retroactivos desde el 1 de mayo de 2025.
Dudas sobre la financiación laboral en SECOMSA
El Partido Popular ha alertado de que no se ha demostrado si los 11,33 millones de euros destinados al personal de SECOMSA contemplan adecuadamente los retrasos correspondientes a 2025, así como el incremento salarial previsto para 2026, las cotizaciones sociales y el coste consolidado derivado tanto de la nueva Relación Laboral Temporal (RLT) como del convenio colectivo vigente.
Además, según han indicado los populares, no se ha explicado cuál será la fórmula para financiar esta regularización sin perjudicar ni los servicios prestados ni las aportaciones municipales u otros ingresos previstos por el Consejo Comarcal.
El expediente incluía un informe conjunto emitido por Secretaría e Intervención que señalaba claramente que "la información es insuficiente para poder valorar adecuadamente las previsiones económicas vinculadas a SECOMSA".
Cita textual de los populares sobre fiscalización: "No se nos puede pedir que cerremos los ojos y dejemos pasar cuestiones que, a buen seguro, tendrían consecuencias muy negativas en el futuro. Estamos aquí para fiscalizar y, por tanto, para advertir y ayudar a resolver los problemas antes de que se produzcan. Si estuviéramos representados en el Consejo de Administración de SECOMSA —un derecho que el gobierno del CCBC nos niega reiteradamente desde hace años—, quizás los problemas se resolverían durante la fase de redacción y no llegarían a una aprobación plenaria problemática"
Incertidumbres respecto a los beneficios previstos
Además de estos aspectos laborales y presupuestarios, el PP ha puesto en duda también la solidez de los beneficios actualmente reportados por SECOMSA. El análisis cronológico indica que las nuevas tarifas previstas inicialmente para 2026 no llegaron a aplicarse efectivamente. Así pues, la empresa tuvo que elaborar unas cuentas basándose en las tarifas vigentes durante todo el 2025.
Ante esta situación inesperada, según los populares "el gobierno debería explicar claramente cómo se pasa de una previsión donde era necesario aumentar tarifas a otra donde se mantiene el equilibrio económico con unos beneficios superiores a los 600.000 euros sin haber aplicado aquel incremento tarifario".
La abstención condicionada en la aprobación inicial
A pesar de estas deficiencias evidenciadas por los populares durante el debate presupuestario celebrado recientemente en el Pleno comarcal, el PP optó finalmente por abstenerse en la aprobación inicial con el objetivo de ofrecer una oportunidad para que se corrijan estos errores técnicos. No obstante, un consejero popular mantuvo voto contrario formalmente para preservar el derecho posterior a presentar reclamaciones oficiales.
Durante este Pleno, David Chatelain entregó personalmente al presidente del Consejo Comarcal así como al gerente y a los habilitados nacionales un documento detallando exhaustivamente todas las correcciones necesarias junto con la documentación adicional requerida para que se cumpla correctamente todo el procedimiento legal necesario.
Según destacaba Chatelain: "No nos limitamos a denunciar los errores. Los hemos detallado por escrito y hemos indicado exactamente qué hay que aportar para corregirlos. Ahora la responsabilidad es del gobierno, que debe explicar por qué la información que presenta es insuficiente, errónea o directamente inexistente".
Falta total de respuesta oficial
A pesar de los detalles precisos expuestos por el PP, el ejecutivo comarcal no ha ofrecido ningún tipo de respuesta ni justificación ante estas cuestiones planteadas. No se han aclarado discrepancias numéricas ni se ha informado sobre posibles soluciones a los vacíos detectados en la documentación presentada; simplemente se ha cerrado el debate encaminando directamente el asunto hacia votación final.
Pendiente de reclamaciones formales contra aprobación automática
Ante esta situación insatisfactoria, el Partido Popular anuncia que presentará reclamaciones durante el período público destinado a ello con objeto de impedir una aprobación definitiva automática del presupuesto. Con esta acción quiere forzar una respuesta formal detallada del gobierno sobre todos estos puntos conflictivos antes de que se concrete cualquier decisión final.
Anteriores episodios similares con SECOMSA comprometen credibilidad gestora
No es un problema puntual: ya durante este año 2024, el PP había alertado previamente sobre irregularidades relacionadas con ingresos provenientes de unas tarifas impuestas desordenadamente dentro de SECOMSA. Concretamente denunció que estas tarifas no tenían cobertura normativa adecuada dado que la ordenanza reguladora había sido presentada fuera de plazo legal.
Inicialmente, el ejecutivo negó estas acusaciones, pero después informes técnicos emitidos desde la Secretaría General e Intervención apoyaron los argumentos populares provocando incluso la retirada temporal completa del presupuesto afectado manteniéndose prorrogada así la partida vigente correspondiente al 2023.
Esta dinámica negativa se repitió cuando se propusieron nuevas tarifas para 2026: las objeciones expresadas por el PP por los déficits justificativos provocaron nuevamente que se aplazara definitivamente la aplicación de los cambios tarifarios previstos, por lo que hubo que rehacer íntegramente todas las previsiones vinculadas a SECOMSA generando un retraso considerable hasta llegar a llevar este presupuesto general a pleno solo meses después (julio).
"Cada vez que hemos advertido de un problema, el gobierno lo ha negado o ha intentado aplazarlo. Después, los informes técnicos y los mismos hechos nos han acabado dando la razón. No estamos ante errores puntuales sino ante una forma de gestionar marcada por la improvisación, la falta de previsión y la ausencia total de respuestas", ha concluido Chatelain.
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