La cesión de un solar en el PP10, entre Camp Clar y Bonavista, para la construcción de viviendas de alquiler social asequible y sostenible ya es una realidad. Tras la aprobación de la Junta General del Servicio Municipal de Vivienda (SMHAUSA) del mes de julio, hoy se ha firmado ante notario la cesión en derecho de superficie de la parcela M3 ubicada en el PP10 para la edificación de 192 pisos de alquiler social, un 25% de los cuales se reservará a menores de 35 años y otro 25% a mayores de 65 años o a personas con discapacidad. “La promoción del alquiler social es una de las prioridades del Gobierno Municipal y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que sea una realidad, ya que es una demanda social que cada vez va más en aumento”, remarca el consejero de Territorio, Nacho García.
La cesión del solar en derecho de superficie se hace por un plazo de 75 años a la Fundación Sales para que realice la construcción de la promoción y a la Fundación Nou Lloc, que será la encargada de gestionarla durante este plazo.
Este es un proyecto seleccionado por los fondos europeos Next Generation, de los cuales recibirá 6,9 millones de euros, y que tiene un presupuesto total de más de 28 millones de euros. Este es el paso previo que hay que hacer para que las Fundaciones puedan solicitar estas ayudas y empezar a ejecutar el proyecto.
Está previsto que las viviendas se empezarán a construir en 2024 y estarán terminadas en junio de 2026, tal y como establecen los plazos de los fondos Next Generation.
Los pisos se alquilarán a una base de precio de 6,63€ actualizado con IPC por metro cuadrado –un precio evidentemente más bajo que el precio de mercado- pero también más bajo que el precio del módulo máximo de protección oficial.
Características de la convocatoria:
- Se subvenciona la construcción de viviendas en arrendamiento social de edificios energéticamente eficientes de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, que se promuevan sobre suelos de titularidad pública, y que se califiquen de viviendas de protección oficial (HPO) destinados a alquiler o cesión de uso, con carácter indefinido.
- La dotación presupuestaria prevista para Cataluña es de 160 millones de euros y que se distribuye entre los diferentes ámbitos territoriales, de forma que a la provincia de Tarragona le corresponde un 10,68% (17.088.000€), que se repartirá entre los proyectos presentados.
- Esta convocatoria pretende incentivar la colaboración público-privada en la realización y gestión de estas promociones, con el otorgamiento de la máxima puntuación a las promociones realizadas mediante la cesión del suelo público en derecho de superficie a entidades privadas para que promuevan y gestionen las viviendas durante un largo plazo de tiempo (normalmente entre 75 y 99 años).
- Las promociones deben finalizar antes de junio de 2026, plazo en que está previsto la entrega a los demandantes de HPO inscritos en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial.
Características de la parcela M3:
- Construcción de 192 viviendas de 78m2, plazas de aparcamiento y trasteros, 2 locales comerciales y 25 plazas de aparcamiento comercial en dos edificios de 6 y 14 plantas de altura más ático, con zona ajardinada y eficientes energéticamente.
- El presupuesto de construcción es de 28,7 millones de euros y se pide una subvención de 6,9 millones de euros.
- Las viviendas se alquilarán a 6,63€/m2 (517€) y los aparcamientos a 3,31€/m2 (50€).
- La promoción se realizará en colaboración público-privada. Esta fórmula permite que pasado el plazo de 75 años, el suelo y la construcción revierta al Ayuntamiento en un estado óptimo de mantenimiento durante este plazo.
- Se prevé una reserva de al menos el 25% para jóvenes con menos de 35 años y de otro 25% para personas mayores de 65 o con grado de discapacidad.
Justificación de la necesidad de HPO en la ciudad
El municipio de Tarragona cuenta, según los datos de la Agencia de la Vivienda, con 2.887 viviendas con calificación de vivienda de protección oficial vigente, el 74% de los cuales han sido desarrollados por promotores privados, el 21% por promotores públicos, el 4% cooperativas y el 1% por promotores sin ánimo de lucro. Este valor supone un 5,5% respecto al total de viviendas principales detectadas en el censo de población y viviendas de 2011 (realizado por el Instituto Nacional de Estadística), un porcentaje muy lejano del objetivo marcado por el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda de la Generalitat de Cataluña -aprobado inicialmente y en fase de información pública- de contar en todos los municipios declarados como área de demanda fuerte y acreditada con el 15% de las viviendas destinadas a políticas sociales.
Según el Plan, actualmente en Tarragona sólo el 9,3% de las viviendas principales del municipio están destinadas a políticas sociales. No obstante, hay que tener en cuenta que de estas 2.887 viviendas calificadas de viviendas de protección oficial, únicamente 201 están destinadas al alquiler. El bajo porcentaje de esta tipología de vivienda (8% respecto al total de viviendas protegidas) indica la necesidad de vivienda social de mayor facilidad de acceso.
En cuanto a la producción de viviendas con protección oficial observamos como en los últimos diez años, según los datos de la Agencia de la Vivienda, se han iniciado 120 viviendas con protección oficial y se han finalizado 121. Si bien en 2012 se detecta un máximo en cuanto a viviendas terminadas (114), en el resto de los años la producción es muy baja o prácticamente nula. Si tenemos en cuenta los valores de producción de viviendas totales en la ciudad, únicamente el 7,8% del total de viviendas iniciadas y el 6,6% de las terminadas en el período 2012-2021 han sido desarrolladas con algún tipo de protección. Este aspecto, sumado al poco peso de las viviendas protegidas respecto del parque total de viviendas de la ciudad, agrava la dificultad de acceso a la vivienda.
Por otra parte, el municipio se encuentra localizado dentro del área de demanda residencial fuerte y acreditada y declarado como área de mercado de vivienda tensa por la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Pues la ciudad se encuentra en una situación de escasez de oferta de viviendas de alquiler, donde los precios se han incrementado un 26,7%, entre 2016 y 2020. Lo que representa un crecimiento interanual acumulado de un 22,1% por encima de la tasa interanual del índice de precios al consumo de Cataluña (4,6%). Con la declaración de nulidad parcial de la Ley 11/2020 por el Tribunal Constitucional y la inaplicación de las normas de contención de rentas en la ciudad, es más necesario que nunca buscar recursos que permitan disponer de viviendas de alquiler a precios asequibles.
El municipio de Tarragona, en julio de 2022 cuenta con 3.171 unidades convivenciales inscritas en el Registro de Solicitantes de viviendas con protección oficial. De estas, 2.668 unidades convivenciales pedían alquiler, 1.166 alquileres con opción de compra y 929 viviendas para adquirir en régimen de propiedad. No obstante, la demanda real de viviendas de protección oficial en el municipio aún puede ser mayor, dado que las solicitudes caducan anualmente. Hay que tener en cuenta que a finales de 2020 este registro contaba con un total de 4.041 unidades convivenciales inscritas, el valor más alto con diferencia de los últimos 10 años de los cuales se dispone de datos. Este número de inscritos refuerza la demanda de la población de este tipo de vivienda.
Entre los objetivos del Plan Local de la Vivienda 2021-2026 se encuentra la necesidad del aumento de la vivienda social y pública disponible, favorecer el acceso de la vivienda de grupos especialmente necesitados, favorecer la vivienda asequible y la mejora del parque edificatorio, fomentar la diversificación de las tenencias de la vivienda y apostar por una ciudad dinámica y moderna en el ámbito de la vivienda. Por lo tanto, la concesión de estas ayudas permitiría el desarrollo de un proyecto ambicioso de promoción que permitiría, a mediados de 2026, poner a disposición de los demandantes de vivienda, 223 HPO nuevos en la ciudad de Tarragona a precios asequibles y que en ningún caso se descalificarán, cosa que siempre estarán destinados al alquiler social.