La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto de relieve la brutal agresión sufrida por un trabajador de vigilancia del Centro Penitenciario Mas d'Enric. El sindicato reclama la apertura inmediata de una investigación para aclarar los hechos y depurar responsabilidades, ya que considera que esta situación era plenamente evitable.
El ataque se produjo mientras el funcionario cumplía su turno de trabajo, cuando un interno con historial psiquiátrico, que según CSIF había dejado el tratamiento farmacológico habitual, lo agredió. Según los datos facilitados por el sindicato, la suspensión del tratamiento se acordó con el especialista responsable el lunes anterior a la agresión. Durante estos días, el interno ha protagonizado diversos episodios violentos que indican un empeoramiento notable de su estado y aumento del riesgo tanto para los empleados como para los otros internos.
Incidentes previos y respuesta insuficiente
Los incidentes no fueron puntuales. En los días anteriores, el interno causó altercados graves en el módulo 6. En una ocasión, se enfrentó violentamente a varios presos y solo la intervención de los funcionarios impidió consecuencias más graves. Posteriormente, también protagonizó una agresión contra otro interno dentro del comedor del mismo módulo.
A pesar de ello, después de este segundo incidente fue trasladado a la unidad psiquiátrica interna sin recibir el tratamiento farmacológico previsto ni aplicarse medidas suficientes para minimizar el riesgo que suponía.
La agresión y actuaciones posteriores
El ataque se dio el jueves por la mañana cuando el interno sorprendió al vigilante atacándolo con dos puñetazos en el rostro. La rápida intervención de un profesional sanitario junto con otros trabajadores permitió inmovilizarlo y detener la violencia.
No fue hasta después de este episodio grave que el interno fue trasladado a la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria de Brians, donde está bajo estabilización clínica.
Preocupación por el desarrollo de los hechos
Para CSIF resulta alarmante la sucesión de los episodios entre el lunes —cuando se habría retirado la medicación— y el jueves —día de la agresión— sin activarse medidas preventivas suficientes para evitar esta escalada. El sindicato reclama que se investigue si había elementos suficientes para actuar antes y proteger a los trabajadores.
Así mismo, reclaman aclarar si acompañaban este cambio terapéutico las medidas necesarias de seguimiento, vigilancia y prevención; así como verificar si los incidentes posteriores fueron correctamente valorados y comunicados a los profesionales implicados. "No puede ser que en las prisiones catalanas se tenga que esperar a que un funcionario sea brutalmente agredido para activar los mecanismos de protección ante un interno del que ya se conocía el riesgo""
Falta de personal y demandas urgentes
CSIF señala también la insuficiencia en la dotación de personal en el centro penitenciario. En el momento de la agresión, el vigilante estaba solo sin refuerzo adecuado, hecho reiteradamente denunciado por el sindicato como una causa importante de exposición inaceptable de los trabajadores.
Ante esto reclaman:
- La apertura urgente de una información reservada para determinar responsabilidades en este caso concreto.
- La aplicación efectiva del sistema de trabajo en binomios en todas las áreas del centro.
- La ampliación inmediata de plantilla ajustada a la carga real laboral y perfil de los internos.
- La revisión de los protocolos sobre internos con patologías psiquiátricas especialmente cuando haya modificaciones o supresiones en tratamientos farmacológicos.
- La optimización de los canales internos para que toda información relevante llegue a los profesionales responsables directos.
CSIF rechaza cualquier justificación exclusiva basada en enfermedades mentales para explicar esta agresión y recuerda que es responsabilidad administrativa prevenir riesgos cuando hay antecedentes conocidos suficientes para hacerlo efectivamente.
Además, manifiesta todo su apoyo al funcionario afectado esperando que haya recibido asistencia sanitaria, psicológica y jurídica adecuada; así como garantiza que los hechos se han puesto inmediatamente en conocimiento judicial. "La seguridad de los trabajadores penitenciarios no puede depender de la suerte. Cada agresión que se podía haber evitado representa un fracaso del sistema y una responsabilidad que hay que asumir. Proteger a los profesionales que garantizan la seguridad dentro de los centros penitenciarios debe ser una prioridad absoluta".
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