Investigadoras del ámbito del derecho y del trabajo social han impulsado el proyecto “Promoción de la digitalización para favorecer la prevención, la detección y la protección de las violencias en la infancia y adolescencia en el ámbito local de Tarragona” para explorar los tipos de violencias que detectan los profesionales que trabajan en los centros de educación especial, cómo actúan y qué mejoras pueden introducirse.
El de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad es un colectivo sobre el que puede ser más compleja la detección porque los síntomas de sufrir agresiones pueden confundirse con manifestaciones de la misma discapacidad. Por eso el resultado ha sido fruto de la colaboración entre los maestros de educación especial y todos los profesionales de diferentes disciplinas que intervienen en la detección y seguimiento de casos.
El equipo encabezado por Eva Zafra Aparici, investigadora del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social, y Núria Torres Rosell, investigadora del Departamento de Derecho Público, ha comprobado de este modo cómo se traduce el nuevo marco legal a la práctica, ya que en junio de 2021 se aprobó la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Lo han hecho a través de treinta entrevistas y dos talleres de cocreación con veinte participantes de diferentes perfiles, con la colaboración estrecha de los centros de educación especial de la Diputación de Tarragona, que ha financiado el proyecto.
Las mejoras aplicables que ha puesto de manifiesto el estudio han sido, por un lado, la necesidad de un mayor grado de sensibilización social: “Existe una invisibilización del problema porque hay comportamientos naturalizados y silencios que son sociales y culturales”, explica Eva Zafra. De hecho, las investigadoras detallan que las maestras de educación especial hacen una observación muy precisa y tienen conocimientos para detectar situaciones de violencia, pero muchas veces les faltan herramientas y recursos para poder hacer una intervención efectiva.
Por lo tanto, la formación es clave. Y así lo han constatado, sobre todo por la demanda de las direcciones de los centros de educación especial y los mismos maestros, que han apuntado “la necesidad de formarse desde la universidad en conocimientos sobre la violencia porque la mayoría no tienen una formación específica en este campo”. Y no sólo en el grado de educación infantil y primaria, sino en todos aquellos que formen profesionales que después trabajarán en el ámbito, como ahora la Enfermería, la Psicología y la Medicina, el Trabajo Social y el Derecho, por ejemplo. En este sentido, los profesionales que han participado en el estudio valoran que es un tema grave y que requiere una formación obligatoria dentro de los diferentes planes de estudio.
El equipo de los centros de educación especial está formado por maestros y profesionales de la educación social, el trabajo social, la psicología, la enfermería, la logopedia y la fisioterapia, que son los que pueden detectar las manifestaciones de maltratos. “Pero una vez se activa el protocolo, pueden intervenir los equipos de asesoramiento pedagógico, el EAIA, la fiscalía de menores, entidades de atención a las víctimas, los servicios sociales municipales y los equipos de salud y de salud mental. De aquí la importancia de la coordinación y la comunicación entre todas las personas que forman parte del seguimiento”, tal como apunta Núria Torres.
Si bien esto ya se da, las sesiones de cocreación fueron especialmente útiles para darse cuenta de que hay que reforzar el apoyo entre los diferentes profesionales y el trabajo en red para evitar la revictimización de los menores.