Entramos en la recta final del año y es el momento de aprobar las ordenanzas fiscales de los diferentes ayuntamientos. Este año, este proceso se prevé farragoso para los gobiernos municipales que se encuentran en minoría, ya que la situación económica obligará a ajustar las cuentas a buena parte de los pueblos y ciudades del Camp de Tarragona. Uno de los casos más sonados es el del Ayuntamiento de Tarragona, que ya ha anunciado que necesitará 14 millones de euros para cuadrar las finanzas y ha abierto negociaciones con el resto de partidos de la oposición.
Aunque la magnitud de la cifra varía según el municipio, la situación es similar en todo el territorio. El incremento del IPC, el aumento del precio de la energía, los intereses, la inflación y el aumento de un 3% del sueldo de los funcionarios que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado son algunas de las causas que explican una situación económica límite. En el apartado del incremento de los sueldos, Tarragona deberá pagar un incremento de 2,5 millones de euros, Reus de 3,5 millones, Salou de 600.000, Valls de 450.000 y Calafell de 3 millones. Con el resto de cuestiones mencionadas, los incrementos también son generalizados en todos los municipios. Además, a toda esta subida del gasto también se le deberá incorporar la obligación de enjugar la deuda de cada ayuntamiento.
¿Y ahora qué?
El contexto deja en una encrucijada a la mayoría de los consistorios: o se suben los impuestos y las tasas o se recortan los servicios públicos. El Ayuntamiento de Tarragona es uno de los primeros que ha salido a explicar esta delicada situación, asegurando que su intención es mantener los actuales servicios. En esta línea, el alcalde Viñuales ya ha planteado una serie de medidas para engrandecer las arcas municipales y espera que en las próximas semanas pueda llegar a un acuerdo con los otros grupos de la oposición. De hecho, municipios como Reus o Valls también deberán tomar medidas similares, pero todavía están ultimando las cuentas para presentarlas. En su caso, no deberían tener problemas para sacar adelante las nuevas ordenanzas fiscales porque gozan de mayoría en el consistorio. Otros ejemplos que calculan tener que hacer cambios en las ordenanzas son Salou o Calafell, que deberán cuadrar 6 millones de euros de gasto.
El Vendrell es también una de las ciudades que ya ha planteado esta subida de impuestos y tasas. En la capital del Baix Penedès tienen intención de aplicar un ligero incremento del IBI y una subida de la tasa de basuras, que en 2025 deberá cubrir el 100% del servicio a todos los municipios de Cataluña. Actualmente, en la localidad penedesenca solo cubre el 70%. Si miramos a ciudades de fuera del territorio, en Sitges, en el Garraf, ya han aprobado sus ordenanzas fiscales con un incremento del 8% del IBI y con previsiones de subir la tasa de basuras el siguiente año.
Algunos de los municipios que se podrían salvar de este incremento impositivo en el Camp de Tarragona son la Canonja o la Pobla de Mafumet, ya que gozan de unos mayores ingresos que provienen de la industria petroquímica.