La Diputación de Tarragona ha dado luz verde a la congelación de los importes de sus diferentes tasas que deben hacer efectivas las corporaciones locales en 2021. Esta medida de apoyo pretende compensar la reducción de los recursos locales y de la capacidad de financiación de las corporaciones como consecuencia de la Covid-19.
Así, y como medida tendente a activar la economía, se mantienen las mismas tasas del presente ejercicio, con la excepción de la tasa para la prestación del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia, el BOPT, que será inferior a la actual. En este caso, la rebaja es mayor para los ayuntamientos más pequeños.
Las tasas de la Diputación de Tarragona abarcan varios aspectos, como la tramitación de documentos administrativos, la prestación del servicio de asistencia de secretaría-intervención, la tramitación de licencias e informes por utilización privativa y aprovechamientos especiales en carreteras de la red viaria local, la utilización de salas de actos de la Diputación, o las tasas que gestiona el Patronato de Turismo de la institución.
La medida se aprobó en el pasado pleno ordinario de la Diputación, correspondiente al mes de septiembre, y en la que también se dio el visto bueno a la modificación general del articulado y de los contenidos de esta ordenanza fiscal general de gestión de los ingresos de derecho público de la Diputación, con el fin de dar una mayor coherencia a la estructura y al texto de la norma. Esta ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021 y continuará vigente hasta que se modifique o derogue expresamente.
El diputado delegado de Hacienda y vicepresidente primero de la Diputación de Tarragona, Quim Nin, ha señalado que el mantenimiento de las tasas para el próximo ejercicio responde a la voluntad de la institución supramunicipal de apoyar constantemente a los ayuntamientos, especialmente a los que tienen menos recursos. En el mismo sentido, y en cuanto a la reducción de las tasas del BOPT, ha añadido que también se intenta agilizar las peticiones de los consistorios que necesitan aprobarlas con celeridad.