La municipalización de cinco guarderías de Tarragona ha quedado anulada casi nueve años después de aprobarse. El Tribunal Supremo ha decidido no admitir el recurso de casación del Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que daba la razón a Clece SA, la empresa de Florentino Pérez que gestionaba los centros antes del cambio de modelo, destaca el Diari més.
Así, queda sin efecto el acuerdo plenario del 16 de junio de 2017 para asumir la gestión directa de las guarderías de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, El Serrallo, Miracle y Cèsar August.
La resolución del Supremo deja el camino libre para que la sentencia del TSJC sea firme. El tribunal catalán consideró que el consistorio no garantizó el trámite de audiencia a Clece, que era la adjudicataria del servicio hasta agosto de 2017, y que, por lo tanto, tenía derecho a presentar alegaciones al ser una de las partes afectadas por el cambio de gestión.
Además, la justicia también cuestiona la justificación de la municipalización. El Ayuntamiento defendió el cambio con argumentos de eficiencia y criterios económicos, pero el TSJC concluyó que no estaban suficientemente acreditados.
A pesar del revés judicial, el gobierno municipal asegura que ya preveía este escenario y reafirma su apuesta por el modelo público. «Nuestro compromiso es buscar opciones para poder internalizar de nuevo el servicio», ha afirmado la consejera de Educación, Isabel Mascaró. De hecho, desde febrero de 2025 se está elaborando una memoria económica y jurídica para garantizar que un futuro proceso cumpla todos los requisitos legales.
El gobierno descarta volver a externalizar el servicio y apuesta por repetir la municipalización con más garantías. Una vez la sentencia sea firme —un proceso que podría alargarse entre cuatro y seis meses—, el pleno deberá ejecutar la resolución judicial e iniciar un nuevo expediente para analizar la viabilidad del servicio público.
INCERTIDUMBRE LABORAL Y MENSAJE DE CALMA
La nulidad también afecta todas las consecuencias derivadas del acuerdo de 2017, lo que genera dudas entre la plantilla. A pesar de ello, el consistorio ha querido enviar un mensaje de tranquilidad: «Las trabajadoras quedarán congeladas en la situación actual con las mismas condiciones», ha asegurado Mascaró.
En los últimos años, las educadoras subrogadas habían conseguido mejoras laborales, como la equiparación salarial o, este año, la posibilidad de hacer vacaciones en julio. Ahora, el Ayuntamiento defiende que se mantendrán estas condiciones mientras se resuelve el nuevo proceso.
Desde la oposición, En Comú Podem ha avalado la línea del gobierno y reclama seguridad jurídica para cerrar el proceso. «Hay que asegurar el servicio público, una atención excelente y las mejores condiciones para las trabajadoras», ha defendido el portavoz Jordi Collado.
Mientras tanto, el consistorio ya ha empezado a trasladar información a la plantilla. Según las educadoras, la reunión con responsables municipales ha servido para rebajar la tensión. «Nos han dicho que todo queda igual y que el proceso para volver a internalizar está muy avanzado», explican, confiadas en que el pleno vuelva a aprobar la municipalización por unanimidad.