El Grupo Municipal de Junts per Catalunya ha optado por la abstención durante el debate del dictamen de la Cuenta General del 2025 en la Comisión Especial de Cuentas celebrada esta mañana. Según el documento presentado por el gobierno de Rubén Viñuales, solo se han ejecutado 21,5 millones de euros de una inversión presupuestada de 94 millones, dejando sin utilizar hasta 72,5 millones.
Diferencia entre presupuesto y ejecución
El consejero Jordi Sendra ha explicado que "nos hemos abstenido porque la Cuenta General es un documento técnico y el trabajo de la Intervención es impecable. Lo que no avalaremos es la gestión que hay detrás". La crítica principal se dirige precisamente a esta gestión, marcada por una gran discrepancia entre los anuncios hechos por el gobierno y la realidad de los proyectos ejecutados.
Sendra ha destacado: "Llevamos un año de ruedas de prensa y de calendarios que después no se cumplen. Ahora llega la hoja de resultados. Los tarraconenses necesitamos hechos".
Lastre de años anteriores y remanentes repetidos
La ausencia de ejecución efectiva tiene raíces en ejercicios precedentes. El grupo recuerda que gran parte del presupuesto de inversiones previsto para el 2025, concretamente 85 millones, proviene de incorporaciones de remanentes, es decir, proyectos ya presupuestados en años anteriores pero todavía pendientes de ejecución real.
"Cada año vuelven a poner en las cuentas las mismas obras, vuelven a anunciarlas y vuelven a acabar el ejercicio sin haberlas empezado. Ya no hablamos de un problema de tesorería, sino de la incapacidad de ejecutar lo que se presupuesta", sostiene Sendra.
Junts señala que el Ayuntamiento está saneado económicamente, pero que el aparato burocrático continúa siendo absolutamente ineficiente y dificulta la ejecución ágil de los proyectos. Este continúa siendo, junto con la no aplicación de la nueva ordenanza de licencias pactada con Junts, uno de los grandes problemas de este Ayuntamiento.
"Tarragona tiene los recursos, pero le falta capacidad para ejecutarlos. Y mientras los proyectos se quedan atascados en la burocracia, la ciudad continúa esperando. La nueva ordenanza de licencias que pactamos con Junts debería servir precisamente para agilizar los procedimientos, pero continúa sin aplicarse", ha afirmado Sendra.
Junts ha puesto sobre la mesa un segundo problema: El Ayuntamiento tiene 19 millones de euros en reclamaciones judiciales abiertas, en buena parte derivadas de la anulación del POUM de 2013, y no ha reservado ni un euro por si las pierde.
"Un día llegará una sentencia y la factura la pagará la ciudad, gobierne quien gobierne. Preferimos advertirlo hoy y que nadie se pueda hacer el sorprendido de aquí a tres años", ha dicho el consejero.
Sendra ha subrayado un último punto: a 31 de diciembre el Ayuntamiento debía 2,3 millones de euros al Institut Municipal de Serveis Socials. "Se hace esperar al organismo que atiende a la gente que peor lo está pasando y que debería ser prioritario para este gobierno como lo es para nosotros".
Junts hará seguimiento de la ejecución inversora trimestre a trimestre y reclama al gobierno un calendario de los 72,5 millones pendientes, una valoración jurídica de los pleitos abiertos con la correspondiente reserva de remanente y el pago puntual de las aportaciones a los organismos autónomos.
"La abstención de hoy es un aviso. Damos margen al gobierno para que rectifique, y el margen se acaba con las cuentas del año que viene. Tarragona ya tiene el dinero presupuestado y pagado por los tarraconenses. Lo que le falta es que alguien ejecute las obras", ha concluido Sendra.
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