El juicio del caso Inipro ha vivido este viernes una nueva jornada de declaraciones que han permitido contextualizar las dificultades administrativas que atravesaba el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSS) durante los años investigados. Los testimonios han explicado que la continuidad de servicios sin disponer de nuevos contratos era una situación que afectaba a diversas prestaciones municipales y que no se limitaba a Inipro.
Una de las declaraciones más destacadas ha sido la de Maite Ruiz Cosano, antigua jefa de contabilidad del IMSS, que ha explicado ante el tribunal el procedimiento administrativo que se seguía para tramitar las facturas de servicios que continuaban prestándose una vez finalizado el contrato, mediante la fórmula del enriquecimiento injusto.
Ruiz Cosano ha descrito una situación de saturación administrativa generalizada. Según ha manifestado, en aquella época los servicios administrativos del organismo estaban «colapsados» y no disponían de los recursos suficientes para tramitar todas las nuevas licitaciones que necesitaban los diferentes servicios municipales.
Esta situación no era exclusiva de Inipro. La testigo ha puesto como ejemplos los servicios de limpieza, la atención domiciliaria y el comedor social, entre otros, que también se encontraban con dificultades para renovar los contratos y tenían que recurrir a procedimientos vinculados al enriquecimiento injusto para tramitar las facturas.
La antigua responsable de contabilidad ha afirmado que la situación de Inipro no le resultó extraña, precisamente porque conocía otros contratos del organismo que atravesaban circunstancias administrativas similares.
La testigo también ha dejado claro que esta situación no era deseable. De hecho, ha explicado que había advertido durante mucho tiempo de los problemas que comportaba acumular contratos en estas circunstancias, ya que esto incrementaba la carga administrativa y obligaba a tramitar reiteradamente facturas por la vía del enriquecimiento injusto.
Su declaración ha situado, por tanto, el caso Inipro en un contexto más amplio de dificultades estructurales de la administración municipal, más allá de las circunstancias específicas del contrato investigado.
Las facturas de 8.000 euros no eran importes extraordinarios
Otro de los aspectos relevantes de la declaración ha sido la valoración de las facturas emitidas por Inipro.
Preguntada por los importes de aproximadamente 8.000 euros, Ruiz Cosano manifestó que no le parecían cantidades especialmente elevadas ni fuera de lo habitual en la gestión económica del IMSS.
La antigua responsable de contabilidad reconoció que los conceptos que figuraban en las facturas podían resultar genéricos, pero explicó que esta circunstancia tampoco le parecía excepcional en la documentación que se tramitaba habitualmente en el organismo.
Asimismo, señaló que el interventor había solicitado memorias justificativas para acreditar los servicios facturados. Sobre esta cuestión, manifestó que suponía que estas memorias se habían aportado, aunque no afirmó haber comprobado personalmente su entrega.
La declaración contrasta con las sospechas de Juan Antonio Rivas
Las explicaciones de Ruiz Cosano introducen un elemento de contraste con la declaración de Juan Antonio Rivas, presidente del comité de empresa del IMSS, que en una sesión anterior del juicio explicó que una de las circunstancias que le habían hecho sospechar del contrato de Inipro había sido una factura de aproximadamente 8.000 euros que había visto en manos de Alejandro Caballero.
Rivas consideró que se trataba de una cantidad elevada y situó aquel episodio entre los elementos que le habían despertado las primeras sospechas sobre la actividad de la empresa.
Sin embargo, la declaración de la antigua jefa de contabilidad ofrece una perspectiva diferente, basada en su experiencia profesional y en el conocimiento de los importes que habitualmente gestionaba el organismo.
Mientras Rivas interpretó aquella factura como un importe que le generaba sospechas, Ruiz Cosano explicó que una factura de 8.000 euros no tenía nada de extraordinario dentro de la actividad económica del IMSS.
Además, durante la declaración de Rivas también se abordó el hecho de que inicialmente había hecho referencia a una factura y posteriormente había hablado de varias facturas, una circunstancia sobre la que las defensas pusieron el foco para examinar el origen y el alcance de sus sospechas.
La diferencia entre los dos testimonios resulta especialmente relevante porque permite contrastar la percepción personal que generó aquel importe con la valoración efectuada por quien tenía responsabilidades directas en la contabilidad del organismo.
Los testimonios de las empresas sitúan en Ricard Campàs la gestión de los concursos
La jornada también ha contado con declaraciones de personas vinculadas al ámbito empresarial de Inipro, entre ellas uno de los administradores de Gallet y una antigua secretaria administrativa de Iniciatives i Programes.
Los testimonios han explicado cómo funcionaba la preparación y presentación de los concursos públicos a los que concurrían las empresas, incluyendo la documentación técnica, los pliegos y las ofertas.
En este sentido, han situado en Ricard Campàs la responsabilidad directa de gestionar los concursos, preparar las ofertas y coordinar la documentación necesaria para participar en los procedimientos de contratación.
Asimismo, han manifestado que no tuvieron conocimiento de ninguna circunstancia que les hiciera pensar que había alguna irregularidad en el contrato de Tarragona.
Uno de los administradores también ha explicado que, según su experiencia y el marco normativo de la época, no consideraba una situación fuera de lo habitual que dos empresas con participaciones societarias vinculadas se presentaran al mismo concurso público.
Esta afirmación constituye una valoración del testimonio sobre el funcionamiento empresarial de aquel momento, sin que por sí sola determine la legalidad del procedimiento concreto.
Una jornada que aporta un contexto diferente de la investigación
Las declaraciones de este viernes han introducido nuevos elementos para valorar las circunstancias administrativas y empresariales que rodeaban la contratación de Inipro.
Por un lado, la persona que tenía responsabilidades directas sobre la contabilidad del IMSS ha descrito un organismo administrativamente colapsado, con diversos servicios que continuaban funcionando sin que se hubieran podido formalizar nuevos contratos.
Por otro lado, ha explicado que los importes de las facturas de Inipro no le resultaban excepcionales, una valoración que contrasta con las sospechas expresadas anteriormente por el presidente del comité de empresa.
Finalmente, los testimonios vinculados a las empresas han identificado a Ricard Campàs como la persona que asumía la preparación de las ofertas y la gestión de los concursos, y han afirmado que no detectaron nada que les hiciera sospechar de la contratación de Tarragona.
La jornada ha contribuido así a situar el caso Inipro dentro de un contexto de dificultades administrativas generalizadas en el IMSS, en el que diversos servicios municipales se encontraban en situaciones contractuales similares.
Estas declaraciones no determinan por sí mismas la legalidad de los procedimientos investigados, pero aportan elementos de contexto que el tribunal deberá valorar conjuntamente con el resto de pruebas para establecer si hubo irregularidades y, en su caso, las responsabilidades que correspondan.
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