Las horas extraordinarias de la Policía Local de Vila-seca han abierto un nuevo conflicto entre la UGT y el Ayuntamiento. El sindicato ha reclamado una investigación interna sobre las horas realizadas y cobradas por el jefe del cuerpo, José Valiente, y ha denunciado presuntas presiones a agentes y la retención de una comunicación sindical. El consistorio rechaza estas acusaciones y sostiene que las actuaciones cuestionadas responden a los procedimientos administrativos previstos por la normativa.
La controversia se añade a una investigación que la Oficina Antifraude de Cataluña mantiene abierta desde hace más de un año sobre el cobro de horas extraordinarias en la Policía Local, según ha publicado el Diari de Tarragona.
UGT Serveis Públics Tarragona ha pedido ahora que el Ayuntamiento examine las horas extraordinarias abonadas durante los últimos años, los mecanismos utilizados para registrarlas y autorizarlas y los informes elaborados por los servicios municipales.
UGT pone el foco en un informe de Intervención
El sindicato basa parte de la petición en un informe de la Intervención municipal de julio de 2025 que planteaba dudas sobre el control de las horas extraordinarias de la Policía Local.
Según la información publicada sobre este documento, el informe reclamaba modificar el sistema de validación porque dependía del mismo jefe policial y proponía revisar tanto las horas extraordinarias como determinados complementos percibidos por el responsable del cuerpo. El documento señalaba que las horas podían superar los límites establecidos y cuestionaba que estuvieran suficientemente justificadas.
UGT también recoge datos publicados por Porta Enrere según los cuales Valiente habría percibido 10.760 euros en horas extraordinarias en 2021, 25.213 euros en 2022 y más de 23.200 euros entre enero y julio de 2024. Estas cantidades forman parte de la documentación que ha alimentado la polémica y que el sindicato pide revisar.
La UGT insiste en que las informaciones deben ser verificadas y reclama que, si una investigación interna detecta irregularidades, se exijan las responsabilidades que correspondan y, en su caso, se reclamen eventuales cantidades cobradas indebidamente.
La polémica por las firmas de los agentes
Uno de los últimos episodios tiene que ver con una petición de información presentada por el sindicato. UGT había solicitado datos individualizados sobre las horas extraordinarias, los controles horarios y el sistema de reparto y autorización del servicio.
Según Porta Enrere, el jefe policial habría pedido a diferentes agentes que firmaran un documento para mostrar su oposición a facilitar determinados datos. UGT sostiene que dispone de grabaciones que, según su versión, demostrarían presiones para que los policías se adhirieran. Esta acusación no ha sido acreditada públicamente y el sindicato ha pedido precisamente que sea investigada.
El Ayuntamiento, en cambio, afirma que esta recogida de alegaciones forma parte del trámite de audiencia a terceras personas que establece la legislación catalana cuando una petición de transparencia puede afectar a personas identificadas o identificables.
El artículo 31 de la Ley 19/2014 establece que las personas afectadas deben poder conocer la solicitud y presentar alegaciones antes de que la administración resuelva sobre el acceso. Este trámite, sin embargo, no da a estas personas la capacidad de decidir si la información se entrega o no.
Por este motivo, el consistorio rechaza que el procedimiento se presente como una maniobra para impedir la transparencia. “Estas alegaciones no deciden si la información se entrega o no, ni tienen capacidad para impedir su acceso”, defiende el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento también niega haber censurado a la UGT
El segundo foco de tensión es una comunicación que el sindicato envió a toda la plantilla municipal para informar sobre la petición de investigación.
UGT denunció que el correo había quedado “retenido” y calificó la situación de muy grave porque, según su versión, interfería en el derecho de comunicación sindical. El sindicato llegó a comparar esta actuación con “prácticas propias de regímenes dictatoriales”.
El Ayuntamiento lo rechaza “de manera tajante”. Asegura que los correos masivos destinados al personal pasan por un sistema ordinario de doble validación que solo afecta a la gestión técnica del envío y no al contenido.
Según el consistorio, el mensaje se envió fuera del horario laboral y se tramitó al día siguiente siguiendo el procedimiento habitual. El Ayuntamiento sostiene que no se revisó ni censuró el contenido, ni se impidió su distribución, y considera “desproporcionada” la comparación hecha por la UGT.
Dos versiones enfrentadas sobre transparencia y control
El conflicto deja, por tanto, dos interpretaciones opuestas. La UGT considera que los antecedentes y las nuevas informaciones hacen imprescindible revisar a fondo la gestión de las horas extraordinarias y garantizar que los controles funcionan correctamente.
El Ayuntamiento defiende que facilitará toda la información que legalmente corresponda, pero insiste en que esto se debe hacer respetando también los derechos de las personas afectadas y los procedimientos previstos por la normativa.
La cuestión continúa pendiente tanto de las actuaciones que pueda emprender el consistorio a raíz de la petición sindical como de la investigación de Antifraude ya abierta. No consta, de momento, ninguna resolución que determine responsabilidades en relación con los hechos investigados.
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