A primera hora de la mañana, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público anunció que estimaba los dos recursos presentados por la empresa Smatsa y por UGT.
En el recurso de Smatsa, se señala dos aspectos clave de las bases del concurso. En primer lugar, se hace énfasis en el hecho de que la fórmula de revisión de precios debe hacer referencia a la fecha de la firma del contrato, y esto no se estaba haciendo. En segundo lugar, se evidencia que los coeficientes de la fórmula debían sumar 1 (es decir, el 100% del contrato), pero en realidad sumaban más del 100%.
Pero lo más grave de todo es que el Comité de Precios de la Junta consultiva de la Generalitat ya había llamado la atención sobre este mismo aspecto y, a pesar de ello, lo han vuelto a hacer mal. Increíblemente, en una corrección posterior publicada en el perfil del contratante, los servicios técnicos rectificaron el error, pero nuevamente, lo volvieron a hacer incorrectamente. ¿Es este un tema sin importancia o, como dice el Ayuntamiento en su comunicado, "un tema formal en la publicación de la documentación"? Parece evidente que no lo es.
El recurso presentado por UGT, más extenso y detallado, pide la nulidad de la licitación por el hecho de que los pliegos se aprobaron con el voto de calidad del alcalde, por la ausencia de declaración de urgencia y por errores en el cálculo del presupuesto de licitación y los costes de subrogación.
En relación a los dos primeros aspectos, el Tribunal Catalán considera que el comité de empresa no tiene legitimación para interponer el recurso. No obstante, sí que estima las consideraciones en relación a los errores en el cálculo de la masa salarial. ¿Qué decían los trabajadores? Pues que el listado de personal a subrogar en el Anexo 11 de las bases de licitación sumaba un coste total de 12,1 millones de euros, mientras que el ayuntamiento en su estudio solo había previsto 10,5 millones de euros. En otras palabras, había una diferencia de 1,6 millones. ¿Qué pone en evidencia el comité? Pues que en ningún caso se ha justificado cómo se han hecho los cálculos, cosa que incumple la ley.
Es, por lo tanto, normal que el comité estuviera preocupado por los puestos de trabajo del personal? Parece evidente que sí. Muchas personas podrían acabar en la calle si el contrato se olvida de sumar 1,6 millones de euros de la masa salarial. La actuación de este Ayuntamiento y la contundencia con que el concejal de Medio Ambiente, Jordi Fortuny, defendía lo contrario resultan incomprensibles.
No obstante, es muy interesante ver cómo responde el Tribunal al Ayuntamiento, ya que le recuerda que en sus propios pliegos se dice que este se ha diseñado "teniendo en cuenta todo el personal a subrogar (sin que se pueda reducir) y teniendo en cuenta las futuras subidas salariales contempladas en el convenio". Es evidente que el Ayuntamiento no podrá justificar en su estudio el despido de más de 50 o 60 trabajadores.
Por estos motivos, el Tribunal estima el recurso de Smatsa y estima parcialmente el del comité de empresa. Obliga al Ayuntamiento a completar una memoria justificativa que desglose correctamente los costes y todos los conceptos que exige la ley. En definitiva, no estamos hablando de corregir uno o dos aspectos sin importancia, como ha intentado hacer creer el Ayuntamiento. Estamos tratando una cuestión que será muy difícil de justificar por parte del Ayuntamiento.
En su comunicado, el Ayuntamiento remarca que “en ningún caso el tribunal Catalán de Contratos apunta a ningún perjuicio para los trabajadores...”. Acabamos de ver que el perjuicio no puede ser mayor, y esto resulta muy preocupante.
Ahora habrá que asumir las consecuencias de esta situación. El concurso ha quedado invalidado, y esto comporta más retraso e incertidumbre para la gestión del servicio de recogida de residuos en la ciudad. Es necesario un cambio en la gestión del concurso, con una supervisión más rigurosa y garantías de transparencia para evitar que se repitan estas negligencias en el futuro.
La ciudadanía de Tarragona merece un servicio eficiente y de calidad en la gestión de los residuos. Es hora de que las autoridades se pongan a trabajar de manera responsable para solucionar esta situación y recuperar la confianza de los ciudadanos.
