Falset ya forma parte del régimen especial de los municipios rurales. La Generalitat ha resuelto favorablemente la petición presentada por el Ayuntamiento el pasado mes de julio, una decisión que el consistorio considera clave para reforzar el papel del municipio como capital del Priorat y para acceder a nuevas herramientas de apoyo al mundo rural.
El alcalde, Carlos Brull, ha valorado muy positivamente la inclusión de Falset dentro de este régimen, ya que permitirá optar a “más financiación, trámites simplificados y acceso a los programas que el Gobierno desplegará los próximos años”.
Una excepción prevista por la ley
El Estatuto de municipios rurales establece criterios generales vinculados a la densidad de población y al crecimiento demográfico, pero también prevé excepciones para determinados municipios que, a pesar de no encajar plenamente en estos parámetros, tienen un papel estratégico en territorios rurales.
Este es el caso de Falset, que se incorpora por el hecho de ser capital de una comarca rural y tener una población superior a los 2.000 habitantes e inferior a los 3.000.
Brull ha destacado que esta incorporación es “un reconocimiento que refuerza nuestra capacidad para continuar defendiendo los intereses de Falset y aprovechar nuevas oportunidades de financiación y de simplificación administrativa”.
Más recursos para los municipios pequeños
El Estatuto de municipios rurales es una norma que reconoce por primera vez qué es un municipio rural y establece un marco propio para adaptar las políticas públicas a las necesidades de estos territorios.
La ley quiere contribuir a frenar el despoblamiento, favorecer el arraigo, mejorar los servicios públicos, impulsar la economía local y facilitar el acceso a la vivienda. También parte de la idea de que los municipios pequeños tienen necesidades diferentes de las ciudades y que, por tanto, requieren instrumentos específicos.
Con la entrada en este régimen especial, Falset podrá beneficiarse de medidas pensadas para mejorar las condiciones de vida en el mundo rural y garantizar que los ayuntamientos dispongan de más capacidad para gestionar servicios y proyectos en igualdad de condiciones.
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