La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a nueves meses de prisión al exjefe de la policía local de Montblanc por falsedad en documento público, tras considerar probado que manipuló un proceso de oposiciones en el año 2011 para favorecer a su pareja sentimental.
Según la sentencia, el tribunal también lo considera autor de los delitos de revelación de información reservada y prevaricación administrativa, aunque le aplica el atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa se inició hace más de trece años, en junio de 2011. En cambio, su expareja, que también había sido investigada, ha sido absuelta del delito contra la administración pública por el que había sido acusada.
Además de la pena de prisión, el tribunal le impone cinco meses y siete días de multa, así como inhabilitación especial durante nueve meses y suspensión de empleo y cargo público durante tres meses.
Manipulación de la convocatoria
Los magistrados dan por acreditado que el excomadante admitió a su pareja en la lista de aspirantes a pesar de no cumplir un requisito imprescindible: tener el permiso de conducir motocicletas. La mujer aseguró que lo estaba tramitando, pero lo obtuvo semanas después del cierre del plazo, el 7 de febrero de 2011.
Posteriormente, la fotocopia del carnet apareció con una fecha de compulsa anterior a su obtención, el 11 de enero, hecho que para el tribunal demuestra la manipulación. Finalmente, la candidata apareció admitida en mayo de 2011, gracias —según la sentencia— a la “intervención directa” del acusado.
Pruebas físicas y filtración de exámenes
El tribunal también considera probado que el condenado infló la puntuación de su pareja en las pruebas físicas, poniéndole un 7,25 sobre 10, a pesar de haber fallado en cuatro de las cinco pruebas. Además, le habría revelado el contenido del examen teórico, un documento oficial del Ayuntamiento
Uno de los elementos clave del caso fue una carpeta olvidada en una cafetería cercana al lugar del examen, que contenía un folio timbrado con el nombre de la candidata y el sello municipal, lo que despertó las sospechas de los otros aspirantes.
Finalmente, la mujer obtuvo una de las dos plazas disponibles, pero renunció a ella después de que el alcalde expresara su malestar por las irregularidades detectadas. El escándalo acabó provocando también el cese del exjefe de la policía local, que había ocupado el cargo durante diez años.
La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. El acusado deberá asumir tres octavas partes de las costas procesales, mientras que el resto se declaran de oficio.