El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado una modificación del planeamiento urbanístico de Calders (Moianès) que hizo posible instalar una antena de telefonía móvil en la urbanización de La Guàrdia. El litigio entre los vecinos y el consistorio, que dura más de 20 años, ahora ha virado hacia los vecinos que han visto cómo el juez les da la razón y les reconoce que se debe desmontar la antena. El alcalde, Eduard Sànchez, ha defendido la ubicación actual, dentro de la zona de servicios prevista en el planeamiento municipal, amparándose en la ley de 2014 que considera la tele-fonía móvil un bien básico, como el agua o la luz. El consistorio ha dicho que recurrirá la sentencia al Supremo porque la alternativa es "quedarse sin cobertura".
La sentencia que ha emitido el TSJC no es firme y, por lo tanto, el futuro de la antena de telefonía móvil aún es incierto, a la espera de que el consistorio presente un recurso al Supremo. Según el alcalde, Eduard Sànchez, no hay otra solución, "ni técnica ni social". Los otros lugares donde se podría ubicar la antena que se han estudiado no son viables, ha apuntado Sànchez, y trasladar la instalación a otro punto del municipio podría generar el mismo rechazo vecinal. Calders es un pueblo carente de poco más de 1.000 habitantes y por su orografía, las antenas de telefonía deberían colocarse en los puntos más altos, para poder llegar a todo el mundo.
El consistorio defiende la ubicación actual, ya que se trata del punto que el planeamiento municipal reserva para los diferentes tipos de servicios básicos. De hecho, el punto que alega el consistorio para argumentar la idoneidad del lugar donde instalar la antena se introdujo con posterioridad amparándose en una ley de 2014 que regulaba los servicios técnicos de telecomunicaciones en los municipios. La modificación fue aprobada también por la comisión de urbanismo de la Cataluña Central. El recurso que presentaron los vecinos contra esta modificación y que después el juez les ha acabado dando la razón alertaba de que tenía por objeto legalizar "una infracción urbanística manifiesta y grave".
De hecho, en un proceso legal anterior, el mismo juez había ordenado el derribo de la antena que había junto al punto donde está ahora y que, posteriormente, con el cambio de la ley que obligaba a la administración a facilitar la instalación de la telefonía móvil, se había colocado en el lugar actual. Las idas y venidas judiciales por la antena entre el consistorio, los vecinos y la propietaria de la instalación han sido varias. Incluso en 2010, el alcalde de aquel momento, haciendo caso a los vecinos instó a la propiedad a cesar la actividad de la antena. La propiedad accedió, pero entonces las quejas de los vecinos pusieron de manifiesto la falta de cobertura, y la decisión se acabó revirtiendo.
"Yo entiendo que hace 20 años hubiera temor por la radiación radioeléctrica", ha dicho el alcalde. "Pero a día de hoy esto no tiene sentido porque tenemos aparatos dentro de casa, como el móvil o la wifi que producen muchas más emisiones", ha explicado.
Ahora habrá que ver cómo se acaba resolviendo el recurso que presentará el consistorio y si el juez lo admitirá a trámite o habrá que desmontar la antena. "Para mí la alternativa es no tener cobertura, o no tener una de calidad", ha señalado Sànchez. La propietaria actual de la instalación es Orange y también se ofrece cobertura con Vodafone, mientras que la cobertura de Movistar llega de manera residual desde un repetidor situado fuera del pueblo.
