A la vista del auto de apertura de la fase del juicio oral del caso Inipro, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tarragona manifiesta lo siguiente:
"Ante la gravedad de los delitos de malversación de dinero público del Instituto Municipal de Servicios Sociales que el juez que instruye el caso atribuye al ex alcalde y actual consejero, a una consejera y a diferentes miembros del PSC, manifestamos nuestra preocupación por el perjuicio que supone a la imagen de este consistorio y de todos los consejeros que nunca han demostrado ningún otro afán más allá de trabajar por la ciudad. La gravedad de los hechos objeto de acusación, configurados como delitos de malversación, prevaricación, soborno y otros, comportaron un perjuicio para el Ayuntamiento de Tarragona de 276.157,31 euros. No olvidemos tampoco que los hechos que, presuntamente se cometieron, ocurrió en plena crisis económica y por cuenta del Instituto Municipal de Servicios Sociales, con un dinero destinado a la integración de las personas migradas venidas a la ciudad.
Es voluntad firme del Gobierno del Cambio trabajar desde la integridad, la honestidad y la ejemplaridad, y denunciar todas aquellas conductas que impliquen la presunción de delitos contra el interés público en el ejercicio de la responsabilidad institucional que nos ha atribuido la ciudadanía de Tarragona. Es en este sentido que el Ayuntamiento de Tarragona se ha personado en este caso.
Aunque respetamos la presunción de inocencia, ante la gravedad de los delitos de los que se les acusa y del perjuicio que puede suponer a la imagen del Ayuntamiento de Tarragona y a la ciudad, desde el equipo de gobierno pedimos a las personas encausadas que integran el consejo Plenario como representantes de la ciudadanía que asuman su responsabilidad política. Por eso creemos que deben dimitir de sus funciones".
