El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado el procedimiento para desalojar dos pisos, uno en la Rambla de Ponent y otro en la calle Sant Miquel, cuyos propietarios son un banco. La nueva ley de la vivienda -aprobada por el Parlamento de Cataluña en febrero de este año- permite a los ayuntamientos actuar ante ocupaciones de pisos de grandes tenedores si estos generan problemas de convivencia vecinal.
“Esta norma nos da el instrumento necesario para actuar ante la justicia en los casos en que los propietarios del inmueble no denuncien la ocupación”, subraya la consejera de Seguridad Ciudadana, Sonia Orts. Este es el caso de un piso de la Rambla de Campclar, que ya está en manos del Juzgado de Primera Instancia que dispone de un informe de la Guardia Urbana argumentando la situación de inseguridad que provocan los ocupas.
Hay otro piso en la calle Sant Miquel, también en manos de un gran tenedor, que también está denunciado por el Ayuntamiento de Tarragona con el objetivo de conseguir el desalojo y, por tanto, acabar con las molestias que provocan al vecindario. Además, la Guardia Urbana hace mucho tiempo que hace un seguimiento de los ocupas de este piso porque tienen un largo expediente delictivo relacionado con el tráfico de drogas y, con esta nueva ley, podrán actuar con más celeridad.
Esta nueva herramienta legal permite a los ayuntamientos luchar contra la alteración de la convivencia, del orden público o poner fin a las situaciones de inseguridad o la integridad de la vivienda (como por ejemplo pinchar la luz).