Este viernes, 18 de febrero, se ha aprobado inicialmente en el pleno del Ayuntamiento de Tarragona el Plan Local de Vivienda (PLV), un marco normativo que quiere dar solución a las problemáticas principales diagnosticadas en materia de vivienda por el mismo PLV 2021-2026 hoy aprobado y que debe permitir al Ayuntamiento continuar trabajando para dar contenido a la política de vivienda en la ciudad.
El PLV es "una herramienta indispensable para hacer frente a la emergencia social existente en torno a la vivienda", apunta la consejera de Vivienda, Eva Miguel, quien ha destacado que "dar soluciones a la problemática de la vivienda es una prioridad absoluta". La consejera ha anunciado además que en la primera convocatoria del Consejo de la Vivienda -que debe ser la de su constitución y que se prevé para el próximo mes- debe "marcar la agenda política y ser garante de que el Plan Local de la Vivienda se despliegue con todas las garantías", así como "promover, planificar y programar las actuaciones previstas en materia de vivienda". Y ha añadido: "El Plan Local de la Vivienda es un documento de ciudad donde todos ganan. Llega en un recorrido largo iniciado por Josep Maria Milà y continuado por Hermán Pinedo que lideró el proceso participativo. En definitiva, es un plan necesario porque es la hoja de ruta en vivienda, porque marca todo lo que se debe implementar. Y también es un elemento de fiscalización para constatar todo el trabajo que se está haciendo".
Un Plan con objetivos que ya se están trabajando
Las líneas de actuación y principales objetivos del PLV son, según define la Consejería de Vivienda del Ayuntamiento, aumentar la vivienda social y asequible y favorecer el acceso a la vivienda preferentemente de los colectivos en riesgo de exclusión residencial; detectar y movilizar la vivienda vacía; fomentar la rehabilitación como herramienta para aumentar el parque inmobiliario y tener hogares más accesibles, mejorar la eficiencia energética y fomentar las energías renovables; y favorecer la vivienda en régimen de alquiler.
Estas líneas de actuación se están aplicando ya con diferentes acciones iniciadas por la consejería. En concreto, para aumentar la vivienda social se está ejecutando el derecho de tanteo y retracto; en concreto, ahora mismo hay 16 comprados dentro de la partida de 1.5 millones de euros destinada a esta acción, que pretende atender a los colectivos más vulnerables. En la misma línea, se ha firmado un convenio con Habitat 3 para la obtención de 17 viviendas con acompañamiento social y se está proyectando la futura construcción de viviendas de protección oficial de alquiler. Finalmente, el Ayuntamiento de Tarragona y SMHAUSA están estudiando conjuntamente diferentes formas de gestión del suelo disponible para la construcción/rehabilitación de viviendas como la cesión a través del derecho de superficie a cooperativas de viviendas.
Por otro lado, en la línea de detectar y movilizar vivienda vacía se está dimensionando el estudio de viviendas vacías, se ha firmado el Convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el cofinanciamiento de inspecciones de viviendas vacías y se está estudiando la posibilidad de firmar convenio con el INE, ya que a finales de 2022 se publicará el censo de viviendas 2021, lo que permitiría ahorrar trabajo y recursos al Ayuntamiento en la detección de las viviendas vacías.
Finalmente, para fomentar la rehabilitación como herramienta para aumentar el parque inmobiliario y tener hogares más accesibles y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia energética y fomentar las energías renovables, en enero de 2022 se aprobó el convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña para la creación de la oficina de rehabilitación municipal, que será gestionada por la Oficina Local de Vivienda y dará apoyo a las comunidades y propietarios que tramiten los ayudas que se convocarán en 2022; y se han convocado los ayudas municipales para la rehabilitación de viviendas que se destinen a la bolsa de alquiler social, que a su vez incentivará el alquiler asequible con una partida de 1,1 millones de euros.
Todas estas medidas deben favorecer, según explica la Consejería, la vivienda en régimen de alquiler, uno de los principales objetivos del Plan.
Un proceso participativo hasta llegar al Plan
El pasado 23 de noviembre de 2020 se presentó al Consejo de administración del SMHAUSA el contenido del PLV, donde se definía una actuación en tres fases: analizar y diagnosticar la problemática municipal en materia de vivienda, establecer los objetivos y estrategias de acuerdo a la diagnosis y definir y programar las actuaciones para un período de 6 años.
Este PLV nace de un proceso participativo anterior con 6 sesiones de trabajo: una informativa para analizar y diagnosticar el sector; otra con cada equipo de trabajo (un total de cuatro) para determinar los objetivos y estrategias con profesionales, técnicos, entidades directamente vinculadas a la vivienda y otros que tienen algún tipo de relación con el sector; y una sesión final de retorno para definir y programar las actuaciones.
Estas sesiones incluyeron una participación online transversal, a través de la plataforma participativa municipal Participa Tarragona, para dotar a la ciudadanía de herramientas complementarias para su participación sin tener que ir presencialmente a las sesiones. Todas las sesiones se estructuraron en torno a cuatro bloques: las personas, el estado de las viviendas construidas, la oferta y demanda de vivienda, y la planificación urbanística y futuro de la vivienda. Previamente, a cada participante se le preguntó como punto de partida cómo veían la Tarragona de 2050, qué se habría de haber conseguido a la finalización del plan para alcanzar los objetivos y por dónde se debería empezar para llegar donde se propusieron.
La metodología empleada en el Plan es esencialmente práctica, tanto en el proceso de elaboración, muy participativo y dinámico, como en la redacción. El resultado es la definición de 19 retos y 81 actuaciones concretas (políticas a adoptar) que dan respuesta a los mayores retos descubiertos por la diagnosis estadística y que en su mayor parte coinciden con las aspiraciones expresadas por profesionales, técnicos y sociedad civil expresadas durante el proceso participativo.