La construcción del camino de ronda entre las playas de Arrabassada y Savinosa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha despertado una fuerte controversia en Tarragona. El proyecto, ya adjudicado y formalizado, prevé una ampliación de hasta cinco metros en un tramo del litoral con gran valor ambiental y social, uno de los últimos espacios no urbanizados del frente costero de la ciudad.
El diputado en el Congreso Fèlix Alonso ha registrado una batería de preguntas al Gobierno del Estado, a petición del Grupo Municipal de En Comú Podem Tarragona, para pedir aclaraciones sobre la coherencia del proyecto con los principios de protección del litoral. En este sentido, Alonso ha subrayado: “Queremos saber si el Ministerio considera que el proyecto es coherente con los principios de mínima intervención, proporcionalidad y preservación del litoral que deberían guiar la acción”. También ha añadido: “No se ha valorado la posibilidad de redimensionarlo en anchura, trazado o materiales para reducir el impacto ambiental y paisajístico”.
Además, las preguntas del diputado instan a aclarar si se ha analizado la existencia de alternativas previstas por otras administraciones, que podrían hacer innecesaria una obra de esta envergadura en este tramo de la costa tarraconense.
El portavoz municipal Jordi Collado ha añadido que es necesario detener cualquier inicio de obra hasta que se abra un diálogo real con entidades e instituciones: “Hablamos de un espacio natural frágil, con un alto valor social y ambiental, con presencia de Limonium Giberti, entre otros. No tiene ningún sentido tirar adelante un proyecto de estas dimensiones sin consenso social y sin haber explorado alternativas más integradas con el entorno”. Varias organizaciones ecologistas, como SOS Costa Daurada, GATA, Ecologistas en Acción y Greenpeace, también han expresado su preocupación por el impacto ambiental del proyecto.
Fèlix Alonso ha instado finalmente al Gobierno del Estado a iniciar un proceso de diálogo con el Ayuntamiento de Tarragona, la Diputación de Tarragona y las entidades ecologistas para revisar el proyecto antes de su ejecución, con el objetivo de evitar un impacto ambiental y social difícilmente reversible.