La Audiencia Provincial de Tarragona ha cerrado de manera definitiva la denuncia por coacciones y acoso que el jefe de Comunicación del Ayuntamiento de Altafulla, Albert Jansà, había presentado. Entre las personas señaladas había dos concejales de Alternativa Altafulla, Xusa Ortega y Francesc Farré.
El tribunal considera que no hay indicios de delito y enmarca las críticas recibidas por Jansà dentro del derecho a la libertad de expresión. La resolución, que ratifica la decisión previa del juzgado de El Vendrell, señala que las actuaciones atribuidas a los investigados no superan el umbral penal.
Desde Alternativa Altafulla se han mostrado satisfechos con la decisión, que ponen como prueba de su inocencia después de dos años. La formación defiende que el caso ha sido “desproporcionado".
Tanto Albert Jansà como su abogado, Andreu Van der Eynde, insisten en que el cierre judicial no resuelve la cuestión de fondo. Jansà denuncia que durante años ha sido víctima de un acoso constante en las redes sociales, con amenazas y burlas dirigidas tanto a él como a su familia, y lamenta que la justicia no haya querido investigar quién está detrás de estos perfiles falsos.
Van der Eynde explica que, en estos casos, “la Audiencia aún vive en el siglo XX” y critica que “organizar decenas de perfiles para atacar a una persona no puede ampararse en la libertad de expresión”. Según el abogado, “si los tribunales no quieren investigar quién hay detrás de estos trolls, la sociedad queda indefensa”.
