Dignitat a les Vies ha lamentado que la lucha contra la piratería en el fútbol esté bloqueando otras aplicaciones como Transporta'm, que el colectivo puso en marcha hace unos meses para informar a los usuarios ferroviarios de los horarios y retrasos. La portavoz de la entidad, Anna Gómez, ha explicado que el cortafuegos gratuito que utilizan para la aplicación gestionada gratuitamente por voluntarios también se estaría utilizando para otros usos, como facilitar la retransmisión ilegal por internet de los partidos. LaLiga consiguió que un juzgado autorice bloqueos dinámicos de direcciones IP para proteger sus derechos audiovisuales. Gómez ha detallado que cuando hay partidos, Transporta'm deja de funcionar y de dar servicio a sus 51.000 usuarios.
"Sabemos que el fútbol es un negocio y que el propietario lo quiera proteger; pero una cosa es protegerlo y otra es acabar bloqueando otras empresas o en nuestro caso un servicio público", ha explicado Gómez. La portavoz también ha añadido: "entendemos que la piratería es un problema y se ha de luchar contra ella, pero se ha de diseñar de alguna manera que se nos desvincule a los que no hacemos piratería de los que la hacen".
La medida judicial también ha perjudicado a otras empresas que también utilizan software gratuito para sus páginas web y aplicaciones. Por esta razón, ERC en el Congreso ha hecho una serie de preguntas parlamentarias al gobierno español. Los republicanos han alertado de que la estrategia antipiratería de LaLiga ha afectado a servicios legítimos como Steam, X (Twitter) o webs institucionales, hecho que ha "puesto en riesgo la neutralidad de la red y la libertad de información".
Los republicanos han advertido de que este fenómeno, conocido ya como 'LaLigaGate', "plantea un precedente preocupante: el poder de una empresa privada para ordenar bloqueos masivos sin suficiente control democrático ni garantías para los derechos fundamentales". Por ello, han exigido al ejecutivo "aclarar qué medidas piensa adoptar para asegurar la proporcionalidad de estos bloqueos, el papel de los organismos reguladores y si se establecerá un marco normativo que impida actuaciones indiscriminadas".
Finalmente, el Grupo Republicano reclama al Gobierno que valore las quejas presentadas por asociaciones de ciberseguridad y usuarios de internet, y que garantice mecanismos de reclamación e indemnización para webs y servicios perjudicados. En sus preguntas, insisten en que la defensa de los derechos digitales y la neutralidad de la red no puede quedar en manos de intereses privados.
