Una supuesta incompatibilidad de cargos ha desencadenado un fuego cruzado entre el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Tarragona y el grupo municipal de la CUP, en la oposición. Una denuncia contra los concejales Pau Pérez (PSC) y José Luis Martín (PP) -también primer teniente de alcalde- que los cupaires presentaron a la Guardia Civil y que ya se encuentra en manos de Fiscalía, cuestionando ciertas "irregularidades", han encendido al alcalde Josep Fèlix Ballesteros, que ha ratificado su plena confianza en ellos. Según la CUP, la incompatibilidad radica en que Pérez y Martín compaginaron al mismo tiempo cargos privados en la sociedad Nàutic Tarragona SA, que gestiona el puerto deportivo, y como miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria -en representación del Ayuntamiento. Mientras la CUP ve "indicios de favoritismo", el alcalde y los dos concejales han salido a la palestra, negando que haya tal incompatibilidad, y han amenazado a la CUP con emprender acciones legales por calumnias. "Pasará, y pasará gordo", ha espetado Ballesteros.
La CUP ve "indicios" de incompatibilidad de cargos" y "favoritismo" hacia la empresa que explota el puerto deportivo mientras el Ayuntamiento tiene plena confianza en Pau Pérez y José Luis Martín. El fuego cruzado se ha hecho público este miércoles cuando la formación cupaire, y poco después el alcalde y los dos concejales, han expuesto su posicionamiento en la misma sala de prensa del Ayuntamiento de Tarragona. "Ante las barbaridades hemos querido dar la cara", ha afirmado el alcalde Josep Fèlix Ballesteros. La CUP insiste en que nunca ha dado por hechas las irregularidades y que en todo caso se limita a exponer la documentación a la que ha tenido acceso. Según la CUP, basándose en el artículo 178.2 de la LOREG, existe incompatibilidad de cargos cuando Pau Pérez, gerente en la sociedad Nàutic durante 17 años, fue nombrado miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria del 2011 al 2016. Aparte recibió una indemnización de 105.000 euros de la empresa, cuando dejó la gerencia. Además, se da el hecho de que la Autoridad Portuaria tiene el 35% del capital de Nàutic Tarragona SA. Por su parte, José Luis Martín, primer teniente de alcalde en Tarragona, fue designado, en junio de 2016 representante en la Autoridad Portuaria, en sustitución de Pau Pérez, después de entrar en el equipo de gobierno -por el pacto entre PP-PSC-UDC-, y durante unos meses continuó de secretario de la empresa Nàutic –dejó en noviembre este cargo, que ocupaba desde diciembre de 1998. La CUP va más allá y cree que se podría incurrir en delitos penales, un extremo, sin embargo, que deberá investigar la Fiscalía, que debería aclarar si la denuncia prospera o queda archivada. Los dos concejales denunciados han negado las acusaciones, aseguran que la ley les avala, y que siempre han separado la actividad pública de la privada. "Fueron dos años y medio de compaginación -de septiembre de 2011 a marzo de 2014-, pero no hay incompatibilidad", ha dicho Pérez. "Son imputaciones falsas", ha añadido Martín. El alcalde carga contra la CUP: "Ya basta" "Ya basta, ya basta de una puñetera vez, de hacer de la política un espectáculo barroco, una sospecha permanente y de utilizar la justicia para hacer política; si no saben hacerlo de otra manera, que aprendan", ha sentenciado el alcalde, nada más comenzar su comparecencia. El alcalde se ha ratificado en su plena confianza en la "honestidad", voluntad de servicio público y trayectoria" de los dos concejales. Ballesteros también ha reprochado a Laia Estrada (CUP) que "dé lecciones de ética la única concejala que ha sido condenada, tiene narices...". "Esto se les acabará volviendo en contra", ha declarado el alcalde, que también ha tildado la "tropa" de los cupaires de incoherentes cuando se "obsesionan" en "utilizar las fuerzas de seguridad españolas, las leyes españolas y la justicia española. cuando están todo el día gritando a desobedecerlas". La CUP ha respondido que no admitirán que el alcalde "les diga qué tienen y qué no tienen que hacer" y han aprovechado para avisar que continuamente les llegan denuncias de ciudadanos -anónimos o no- que les ponen en alerta de hechos investigables de un ayuntamiento donde ellos quieren "limpiar".
