El consulado de Marruecos en Tarragona ha incorporado recientemente tres nuevos empleados con el objetivo de atender las demandas documentales de los migrantes que quieren acogerse a la regularización extraordinaria promovida por el gobierno del Estado. Desde la semana pasada, se ha observado un incremento notable en las peticiones, especialmente en lo que respecta al certificado de antecedentes penales y a la renovación de los documentos de identidad y pasaportes marroquíes.
Esta oficina consular cubre las demarcaciones de Tarragona, Lleida y toda la comunidad autónoma de Aragó, proporcionando servicio aproximadamente a unas 160.000 personas, aunque también puede atender a residentes de otras zonas. En palabras de la cónsul Ikram Chahine, "es gente que ya hace su vida aquí y podrán empezar a cotizar a la Seguridad Social; es bueno para todos".
Colas iniciales y cambio en los puntos de atención
El inicio del proceso generó colas frente al consulado durante los primeros días, pero esta afluencia se ha ido reduciendo recientemente. La cónsul ha explicado en declaraciones a la ACN que esto se debe a que muchas personas ahora se dirigen a los servicios sociales municipales para obtener el certificado de vulnerabilidad necesario también para el trámite: "podrían necesitar más cosas, como certificados consulares de concordancia, porque por ejemplo a veces en documentos diferentes no coincide el lugar de nacimiento", ha añadido.
En la oficina tarraconense trabajan actualmente 24 profesionales. Sobre su dimensión, Chahine ha detallado que "de los que hay en España, es un consulado mediano".
Certificado de antecedentes penales: el documento más solicitado
El elemento documental más solicitado es el certificado de antecedentes penales, imprescindible para completar el proceso de regularización. Para obtenerlo, los residentes marroquíes deben reservar cita previa vía internet. Una vez hecha esta petición, desde el consulado se remiten los datos al Ministerio del Interior de Marruecos para que emita el certificado; posteriormente se apostilla y finalmente se envía mediante valija diplomática hasta Tarragona.
Este procedimiento tarda entre siete y diez días —un plazo calificado como "muy corto" por Chahine— y tiene un coste para el solicitante de 2,83 euros.
A diferencia de España, donde existe un único tipo de certificado penal, en Marruecos hay dos: uno expedido por los tribunales con antecedentes judiciales condenatorios y otro policial. El gobierno español exige expresamente este último para validar los procesos administrativos vinculados a la regularización.
Ikran Chahine, cónsul del Marroc en Tarragona, ha destacado que hasta ahora este documento "se pedía muy pocas veces" pero el incremento súbito en las solicitudes ha obligado a cambiar el sistema con el objetivo de agilizarlo: "hicimos una reunión en Madrid con el Ministeri d'Afers Exteriors, altos directores y embajadores para buscar soluciones; es un trámite excepcional para un período excepcional", ha manifestado.
Desafortunadamente no se han facilitado datos concretos sobre el volumen total de peticiones a pesar de reconocer su elevada cantidad.
Simplificación de los trámites y reducción de los costes previos
Anteriores gestiones implicaban enviar la solicitud directamente a Marruecos vía mensajería o confiar en familiares o conocidos para que realizaran los trámites presenciales allí mismo antes de volverla enviando hacia España. Este método suponía costes superiores a los 50 euros junto con una mayor incertidumbre temporal.
Plausibilidad temporal para completar los procesos antes del 30 de junio
Ante los plazos marcados por el gobierno español —con fecha límite establecida para el próximo 30 de junio— Chahine considera que no son excesivamente ajustados ni cree probable que alguien quede fuera por el colapso administrativo: "No sufrimos porque puedan quedar fuera; nosotros trabajamos con plazos más cortos, pero dependerá del flujo total de peticiones." Además recuerda experiencias anteriores donde se concedieron prórrogas similares: "Ahora no se descarta."
Avisos contra estafas y recomendaciones sobre asesoramiento legal
Ante algunos casos detectados de estafas o tarifas abusivas aplicadas por ciertos abogados ofreciendo ayuda en estos trámites, la cónsul recomienda hacerlo preferentemente individualmente sin intermediarios: "No se debería caer en manos de intermediarios". No obstante, admite que si alguien tiene dificultades puede ser conveniente contar con apoyo profesional especializado, advirtiendo desconocer exactamente cuáles son las tarifas habituales.
El impacto social y económico esperado después del proceso
Ikran Chahine valora positivamente este mecanismo: "Son personas que ya hacen una vida cotidiana aquí; tener documentos oficiales aporta seguridad respecto trabajar sin papeles". Una vez terminen los trámites podrán acceder formalmente al mercado laboral. La cónsul destaca también un dato relevante: "Ahora hace cuatro o cinco años somos la comunidad extranjera líder en cotizaciones ante la Seguridad Social". También recalca la contribución económica afirmando que "un 10% del PIB español proviene de los inmigrantes; somos una comunidad activa tanto social como culturalmente."