El pleno extraordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Tarragona ha dado luz verde al incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los pisos turísticos hasta un máximo del 150% sobre la tarifa actual. La medida, sin embargo, queda condicionada a que la diputación permanente del Congreso de los Diputados apruebe los decretos de vivienda el próximo 18 de noviembre.
La aplicación se hará de manera proporcional. De esta forma, los propietarios con un único inmueble turístico deberán asumir un recargo del 50%; los que tengan dos o tres verán cómo el recibo se les duplica, y los que dispongan de cuatro o más pisos turísticos acabarán pagando el máximo previsto, el 150%.
Isabel Mascaró: "se debe garantizar que los tarraconenses puedan seguir viviendo en la ciudad sin que tengan que marcharse"
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PSC, ERC, En Comú Podem y de los tres consejeros no adscritos. En cambio, PP, Junts y Vox se han posicionado en contra.
Se trata de la única ordenanza municipal que este año no se ha congelado. Los grupos que han avalado la iniciativa han defendido la necesidad de movilizar más vivienda para el alquiler durante todo el año para la población de Tarragona. "La vivienda es un derecho y se debe garantizar que los tarraconenses puedan seguir viviendo en la ciudad sin que tengan que marcharse", ha destacado la consejera de Hacienda, Isabel Mascaró.
Este recargo se añade a la bonificación del 95% para los pisos que se destinen a alquiler social, una medida que el gobierno municipal ya había aprobado hace unas semanas.
Rubén Viñuales: "el mercado no se autorregula"
El alcalde, Rubén Viñuales, ha afirmado que "el mercado no se autorregula" para justificar el incremento y ha subrayado que Tarragona es la ciudad del Estado "donde menos dura un piso de alquiler" en oferta. "Tenemos un problema gigantesco; o hacemos algo para invertir la tendencia o estamos condenados a que la ciudad sea un decorado", ha dicho.
Desde ERC, Xavier Puig ha señalado que "la situación es urgente" y ha pedido más "coherencia" al PSC: "esta medida entra en contradicción al subir el impuesto de construcciones y obras un 33% en 2024", ha apuntado. También ha advertido de la necesidad de redactar un plan especial de viviendas turísticas que los regule y ha reclamado más unidad entre las fuerzas de izquierdas para llegar a consensos en esta materia.
En la misma línea, el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, ha explicado que en el año 2017 el 40% de los anuncios de pisos turísticos estaban controlados por un 30% del total de anunciantes; mientras que ahora, ha dicho, "el 25% de los anunciantes representan el 65% de la oferta" de viviendas turísticas. También ha remarcado que el 91% de estos inmuebles se encuentran en comunidades de vecinos, una situación que, según él, complica el día a día de las personas que viven allí todo el año.
PP, Vox y Junts rechazan la medida
Desde el PP, Marta Serrano ha defendido el derecho de los propietarios "a hacer lo que quieran" con los pisos. También ha asegurado que, si baja la oferta de inmuebles destinados al turismo, los visitantes se irán "a ciudades cercanas y harán el gasto allí", lo que supondría una pérdida de oportunidades para Tarragona. "Si quieren tomar medidas para destensar el mercado inmobiliario hay que construir y rehabilitar", ha añadido, remarcando que, después de años de gobiernos socialistas, "después de años de políticas intervencionistas no se ha resuelto el problema".
Tanto el PP como Vox y Junts han calificado la subida de impuestos de "electoralista". La portavoz de Vox, Judit Gómez, ha considerado "ingenuo" pensar que el incremento de la tasa resolverá el problema. También ha criticado que el ejecutivo local no tenga claras las consecuencias de la medida: "¿cuántas viviendas esperan recuperar? No tienen ninguna estimación del impacto real, pero sí que saben que recaudarán más de un millón de euros". Desde el gobierno municipal, Mascaró ha respondido que los ingresos serán inferiores al millón de euros, aunque no ha concretado ni esta cifra ni la de las viviendas que podrían pasar a alquiler habitual. Al mismo tiempo, Gómez ha atribuido la falta de vivienda a la inmigración y ha acusado al PSOE de ser "un partido rentista".
Por su parte, el portavoz de Junts, Jordi Sendra, ha cargado contra el gobierno local porque "el problema de la vivienda se resuelve al revés". "Si tienes el piso legal, con licencia te suben hasta el 150%; pero si lo tienes ilegal no te afectará", ha expresado. Aun así, ha afirmado que "Junts no quiere más pisos turísticos" y ha recordado que su grupo apoyó la moratoria de otorgamiento de licencias. Finalmente, ha pedido un plan de usos de la Part Alta para analizar medidas más quirúrgicas y ha asegurado que el gobierno español aprobará, a través de la diputación permanente, un decreto "después de ocho años de no hacer nada" en materia de vivienda.
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