La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) ha dado la razón a Pere Puig Ribas, un vecino de Reus de 54 años que ha solicitado por tercera vez la eutanasia después de más de 20 años sufriendo una depresión severa crónica resistente al tratamiento.
Según ha publicado El Periódico, el órgano, encargado de evaluar las peticiones de eutanasia en Cataluña, concluye que el hombre tiene “plena capacidad” para tomar la decisión y que su situación clínica ha experimentado un “empeoramiento progresivo” en los últimos meses, sin que se prevea ninguna mejora.
La resolución estima la reclamación presentada por Pere Puig Ribas después de que su médica referente del CAP Sant Pere de Reus hubiera emitido un informe desfavorable en esta tercera solicitud. Con esta decisión, el expediente vuelve al punto anterior al rechazo para que continúe la tramitación de la prestación de ayuda para morir (PRAM), el procedimiento legal para acceder a la eutanasia.
Esto no implica que la eutanasia ya haya sido concedida ni que haya una fecha fijada, pero sí que permite reemprender el proceso.
CRÍTICAS POR LOS PLAZOS
El vecino de Reus también denuncia que no se han respetado los plazos que marca la ley. Según explica, presentó la tercera solicitud el 16 de diciembre de 2025 y, a pesar de que la normativa fija un máximo de 10 días hábiles para emitir el informe médico, este se entregó 35 días hábiles después.
Por este motivo, en febrero también presentó una denuncia al Colegio de Médicos de Tarragona por los “incumplimientos sistemáticos” que asegura haber sufrido durante el proceso. De momento, aún no ha recibido respuesta.
SUFRIMIENTO GRAVE Y CRONIFICADO
En la resolución, la comisión concluye que el trastorno ansioso-depresivo que padece afecta directamente su estado global y provoca un deterioro físico asociado que limita su autonomía y la capacidad de llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria.
Además, considera acreditado que sufre un “sufrimiento psicológico grave y cronificado” que impacta profundamente en su calidad de vida y que ha agotado todas las alternativas terapéuticas disponibles, sin posibilidad de mejora.
El caso ha vuelto a poner el foco en las dificultades que afrontan las personas con trastornos mentales para acceder a la eutanasia. Aunque la ley española contempla el sufrimiento psíquico como motivo, son muy pocos los casos que prosperan.
En Cataluña, entre 2021 y 2024 se registraron 824 solicitudes de prestación de ayuda para morir y 361 se acabaron realizando. De estas, solo cinco correspondían a pacientes con trastornos psiquiátricos.