El Ayuntamiento de Altafulla y el departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña se han reunido este jueves 17 de agosto por la mañana en las dependencias de la Casa de la Vila con la voluntad de establecer un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En el encuentro ha participado la primera Teniente de Alcaldía y concejala de Bienestar social y ciudadanía, Eva Martínez, el sargento jefe de la Policía Local de Altafulla, Jordi Gil, y varios técnicos del departamento de Justicia, entre los cuales se encontraba el gestor de recursos de medidas penales alternativas de Justicia, Lluís Gómez.
La reunión ha servido para suscribir el convenio marco que, en esta materia, el Gobierno catalán tiene firmado con la Asociación Catalana de Municipios. Y de hecho, según Martínez, se trata de una “reanudación” de este acuerdo que el consistorio mantiene desde el año 2006, que quedó detenido con la pandemia, y en el que se compromete a acoger a aquellas personas que, a la hora de cumplir una condena, puedan realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
Se trata, ha explicado la concejala, de una “acción social para colaborar con Justicia y contribuir a la reinserción en la sociedad de aquella gente que pueda tomar parte”. Y por eso el próximo paso es que el consistorio elabore una enumeración de los servicios que se prestan en el municipio con el fin de poderlos otorgar a quien mejor encaje en cada perfil cuando sea necesario.
Por su parte, Lluís Gómez ha manifestado que “responsabilizarse de la manera que lo hace el Ayuntamiento de Altafulla ayuda a creer en la reinserción social de la gente” a la que por un motivo u otro se le ha aplicado una pena. El gestor de recursos de medidas penales alternativas de Justicia también ha dicho que las tareas que se pueden llegar a desarrollar en un trato de cooperación como este varían en función de las necesidades de las poblaciones. Estas, sin embargo, siempre van tuteladas para garantizar que se cumplen las horas estipuladas en cada caso.
